Santo Tomé retira la inmunidad al presunto gal Paesa
El secretario general de Política Exterior, Fernando Perpiñá, informó ayer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que el Gobierno de Santo Tomé y Príncipe ha retirado la condición de d1plornático al presunto colaborador de los GAL Francisco Paesa, que está procesado en el denominado caso Amedo. La Audiencia Nacional no ha recibido ninguna comunicación de Exteriores al respecto.Perpiñá informó que el embajador español en Luanda recibió el pasado día 3 una nota verbal de las autoridades de Santo Tomé y Príncipe en la que se le comunicaba que Paesa había cesado como representante permanente adjunto de ese país ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Paesa, por tanto, ha perdido ya la condición de diplomático y la inmunidad correspondiente, por lo que, en el caso de ser detenido, España podría solicitar su extradición sin problemas.
Perpiña señaló también que el pasado 8 de noviembre Exteriores comunicó a la Audiencia Nacional una notificación de las autoridades suizas en la que hacía constar que Paesa había abandonado ya el país alpino. "Esa es la última información real con la que contamos en Exteriores sobre el paradero del señor Paesa", agregó Perpiñá, el cual matizó que, de todas formas, Exteriores tramitará cualquier petición de extradición que le presente la Audiencia.
Ayuda económica
Ante las afirmaciones críticas del diputado de Izquierda Unida Antonio Romero de que Santo Tomé se ha "cachondeado" del Gobierno español y que no se han adoptado medidas de represalia, como es retirar la ayuda económica, Perpiñá subrayó: "En España no existe previsión para suspender la ayuda después de que Santo Tomé y Príncipe ha retirado la inmunidad a Paesa".El secretario general de Política Exterior cifró en 101.923.483 pesetas la cuantía de las ayudas a la república africana, y destacó que se trata de programas sanitarios, alimentarlos, veterinarios y becas de estudios para universitarios. Perpiñá aseguró que se trata de ayudas humanitarias a un país económicamente muy débil. El diputado Romero arreció en sus críticas destacando la pasividad del Gobierno en este asunto, que contrasta con la celeridad que el Ejecutivo demostró con el incidente de los refugiados en la Embajada española en La Habana.
En los pasillos de la cámara, Romero se extrañó de que el Gobierno no hubiera adoptado medidas de represalia contra Santo Tomé, y añadió que es inadmisible que se siga manteniendo las ayudas a un país que ha obstaculizado la acción de la justicia española. Romero sugirió también que los contactos de Paesa con el Ministerio del Interior le han podido servir para ocultarse y que no haya podido ser detenido.
Por otro lado, la Audiencia Nacional no ha recibido certificación oficial ni comunicación alguna sobre el cambio de la situación personal de Paesa. Según confirmó ayer José Antonio Jiménez Alfaro, presidente del tribunal que juzgará el caso Amedo, en el que se investigan los atentados cometidos por los GAL, por el momento no ha llegado ninguna certificación.
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