La fiscalía quiere crear en Cataluña la primera unidad especializada en delitos societarios
La Fiscalía de Cataluña quiere poner en marcha la primera unidad especializada en todo el país en la investigación de delitos económicos y societarios. Esta unidad especializada actuará fundamentalmente en procesos de quiebras y suspensiones de pagos, que durante la segunda mitad del año están registrando un importante incremento tanto en número de sociedades afectadas como en las deudas declaradas.
Desde hace algunos meses un grupo reducido de fiscales ha comenzado a compatibilizar sus tareas habitualescon otras de seguimiento de temas societarios. Este grupo se considera y aspira a convertirse en el embrión de lo que será la futura unidad especializada dedicada en exclusiva a perseguir delitos económicos cometidos en Cataluña.En medios profesionales de la fiscalía y la magistratura se resalta la necesidad de crear unidades especializadas en asuntos económicos, que requieren cada vez un mayor grado de especialización. En estos medios se recuerdan los recientes fraudes cometidos por diversas empresas a través de la compra de facturas falsas y su desgravación fraudulenta en concepto de IVA soportado en estas facturas.
Transparencia
Medios judiciales destacan que la consulta de algunos expedientes de suspensión de pagos ha detectado una disminución de la deuda de algunas entidades financieras con empresas que posteriormente han llegado a suspender pagos. Esta disminución del pasivo podría tener su origen en presuntos pactos o confabulaciones entre los acreedores financieros y las empresas, afirman estas fuentes, que insisten en que estos aparentes pactos entrañan un claro perjuicio para terceros., El objetivo de la futura unidad de investigación de delitos económicos sería intervenir de oficio ante este tipo de evidencias y en general tener un papel más activo en los procesos de suspensión de pagos. Contra esta opinión, en medios profesionales de la abogacía se afirma que la Administración de Justicia no puede cuestionar los convenios firmados libremente por las empresas suspensas con sus acreedores.Fuentes judiciales destacan dos condiciones para poner en marcha la nueva unidad especializada en perseguir delitos económicos: la informatización del proceso de entrada de expendientes de suspensión de pagos y quiebras con el fin de agilizar los trámites de consulta y la ampliación del número de fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En la actualidad están adscritos a él un centenar de profesionales, pero su responsable, Carlos Jiménez Villarejo, ha propuesto a sus superiores ampliar la plantilla hasta 150 fiscales. De momento, la fiscalía dispone de todos los expedientes de quiebras y suspensiones, a cuyo contenido se pretende dar acceso a las personas físicas y jurídicas que lo soliciten.
El libre acceso a la información sobre expedientes de suspensión de pagos y quiebras marca una importante diferencia con la postura mantenida hasta la fecha por los juzgados, donde sólo se permite la consulta de expedientes si se acredita la condición de acreedor o accionista de la empresa suspensa.
En aumento
Las suspensiones de pagos registraron una fuerte aceleración el pasado mes de septiembre, mes en el que entró en los juzgados el mayor número de expedientes de todo el año, si se exceptúa julio. En septiembre se produjeron 34 suspensiones de pagos, frente a 14 en igual mes del año anterior. Las deudas declaradas ascendieron a 8.841 millones, un 225% más que un año antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).Con las cifras de septiembre, el número de suspensiones de pagos declaradas en los nueve primeros meses del año se eleva ya a 156 frente a 94 un año antes y sobrepasa las de todo el año pasado en el que se produjeron 128 suspensiones de pagos en todo el país. La deuda media declarada por las empresas suspensas en septiembre fue de 260 millones de pesetas, frente a 193 millones un año antes.
Frente al fuerte crecimiento de las suspensiones de pagos, las quiebras continuan estabilizadas y afectan a empresas de escaso tamaño. Según el INE, en septiembre se registraron ocho expedientes de liquidación por un pasivo total de 279 millones.
