Ponerle cifras al campo
Intentar describir con unas pocas grandes cifras una realidad tan completa y tan diversa como la del sector agrario es un ejercicio que a veces puede resultar necesarIo pero en el que hay que ser muy cuidadoso. El equipo que dirige el Ministerio de Agricultura dispone de la primacía informativa sobre las estadísticas agrarias, y acostumbra a utilizarla para presentar un balance triunfalista de su gestión basado en la interpretación sesgada de algún dato llamativo.Hace unos años, la balanza comercial agroalimentaria, que tradicionalmente venía siendo deficitaria, pasó a ser positiva. Este cambio de tendencia, que en una visión simplista tiene resonancIas que no son sólo económicas (seguridad alimentaria, autoabastecimiento nacional), se presentó entonces como "un logro histórico sin precedentes". En el último periodo el saldo comercial vuelve a ser negativo (con un déficit del 10% en 1989), pero ya no se oyen los análisis rotundos y los adjetivos grandilocuentes que acompañaron a la situación inversa. Posiblemente es que no está justificado el tremendismo, que sería la actitud simétrica al triunfalismo anterior, pero al menos deberían intentar comprenderse las causas, teniendo en cuenta la perspectiva del gran mercado único europeo.
Renta agraria
Otra cifra de la que se abusa con frecuencia es la renta agraria, probablemente porque además de medir los resultados económicos globales del sector parece dar una idea de cómo les va a los agricultores y ganaderos. A veces se olvida que la renta agraria es una macromagnitud que incluye componentes tan diversos como los salarlos de los jornaleros y los intereses que los agricultores pagan a la banca. No es, por tanto, un buen indicador de la renta disponible en el bolsillo de los campesinos.
Además, como toda macromagnitud, es una cifra muy agregada que engloba situaciones muy diversas según regiones y según tipos de explotaciones. Si consultamos los datos de la Red Contable Agraria y de la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) veremos las enormes disparidades existentes: de un lado tenemos un colectivo mayoritario (70% del total) de explotaciones muy pequeñas (margen bruto inferior a 600.000 pesetas, de carácter familiar (el titular y su familia aportan el 91% del trabajo) en las que trabajan el 64% de los activos agrarios y que representan menos de la quinta parte de la producción. En el otro extremo, unas pocas explotaciones (1,4% del total) muy grandes (margen superior a cinco millones de pesetas), basadas en la utilización de trabajadores asalariados (que aportan el 85% del trabajo), que absorben sólo el 9,7% del empleo total y generan el 25% de la producción.
Si teniendo en cuenta estas limitaciones observamos los datos disponibles, no se justifica el optimismo que reiteradamente pregonan los altos cargos del ministerio. En estas mismas páginas, y poco antes de la masiva manifestación unitaria de agricultores que tuvo lugar en Madrid el 2 de junio pasado, el señor Arévalo, subsecretario de Agricultura, afirmaba que en cuanto a renta agraria España no sólo supera a la media comunitaria, sino que además nuestra posición relativa está mejorando en el último quinquenio. La segunda afirmación es cierta, pero sesgada: el señor Arévalo calculaba el crecimiento medio anual restando los valores del primer y del último año de referencia. Basta cambiar los años elegidos o alargar el período de cálculo para que, debido -sobre todo a la variabilidad de las cosechas-, el resultado sea exactamente el inverso. Para ser mas rigurosos, la Oficina Estadístiza de la Comunidad Europea suele presentar los datos prom,.-dios de los últimos cinco años. La información más reciente se recoge en la publicación Renta Agraria 1989, donde puede comprobarse que sólo en Holanda y en Portugal la renta por unidad de trabajo es inferior a la española.
Otros números sobre la agricultura pueden ayudarnos más a valorar la gestión del Gobierno: se trata de los Presupuestos Generales del Estado, donde las declaraciones y programas electorales se concretan y cuantifican. El señor Arévalo, en otro artículo más reciente (véase EL PAÍS del pasado día 9), escoge un dato: asegura que el presupuesto para inversiones ha crecido un 70% en el último quinquenio. La única explicación parcial para esta afirmación que se me ocurre es que, en su afán propagandístico, el señor subsecretario ha olvidado que existe la inflación. Lo cierto es que en pesetas constantes, y en la mejor de las hipótesis (aceptando sumar inversiones reales y transferencias de capital), el incremento total de 1985 a 1990 es de un 1%. No parece que haya motivo para echar las campanas la vuelo, especialmente si se considera que en el proyecto de presupuestos para 1991 se prevé recortar estos capítulos en un 8%, como contribución a la política de enfriamiento económico.
Presupuestos
Las grandes cifras del proyecto de presupuestos para 1991 mantienen los rasgos principales de años anteriores. Hay que dejar aparte la partida más voluminosa, casi el 70% del total, -porque el gasto en la política de precios y mercados agrarios depende de las decisiones de los ministros comunitarios en Bruselas y de la evolución de los mercados, por lo que la cantidad presupuestada en España es irrelevante. Conviene señalar, con todo, que los gastos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) están disminuyendo como consecuencia de la aplicación de los llamados "estabiliza dores agrarios", y hay que temer que las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneos y Comercio (GATT) supongan otra vuelta de tuerca. Nos queda como partida impor tante la política socioestructural que disminuye un 7,5% respecto al año anterior.
Esto supone una doble renuncia: por un lado, a aportar recursos para las mejoras estructura les que el campo necesita, y por otro, a participar en el reparto del incremento de los fondos estructurales de la CE, que han crecido un 20% en el último ano dentro del objetivo de la "cohesión económica y social" y que no llegan a los países si no hay aportación nacional.
En su último artículo, el señor Arévalo señala, con razón, que las administraciones de las comunidades autómonas disponen de competencias en el sector agrario (no plenas, como se afirma, ni mucho menos) y gastan una cifra un poco mayor de la mitad (el 54%) de lo que gasta el Estado.
Este recordatorio se dirige a los sindicatos agrarios para hacerles ver que sus reivindicaciones no deben destinarlas sólo al ministro. Alguna responsabilidad tienen, efectivamente, los consejeros autonómicos de Agricultura, pero si hubiera que ponerle una cifra, no llegaría al 54% de la parte correspondiente al Gobierno central. Por una razón fundamental: las comunidades autónomas no participan en absoluto, y no se pueden gastar ni una peseta, en el núcleo central de la política agraria actual, que es la regulación de precios y mercados, totalmente transferida a Bruselas, en cuyas decisiones no pueden intervenir. Así, descontado el gasto de personal, más elevado que en la Administración agraria central por motivos evidentes, queda sobre todo la política socioestructural.
En este dominio es donde las autonomías disponen, aunque algo encorsetadas por el marco de la CE, de un cierto margen de maniobra y donde se les pueden exigir responsabilidades, sin olvidar los problemas que plantea el actual sistema de financiación autonómica.
Sin consultas
El tercer interlocutor de los sindicatos que menciona el señor Arévalo para diluir responsabilidades es la administración comunitaria. Sin embargo, no es posible que se ignore que los funcionarios de Bruselas se limitan a aplicar los acuerdos del Consejo de Ministros de Agricultura, que es el auténtico órgano de decisión de la CE. Y en el Consejo nos representa don Carlos Romero.
¿Ha consultado el ministerio a los sindicatos y a las comunidades autónomas antes de las grandas decisiones, como los Paquetes de precios y ayudas de cada ano que condicionan aún el 94% del gasto agrario, o la posición ante la ronda del GATT? Todas las informaciones nos indican que no.
Es posible otra política que tenga como objetivo central mejorar las condiciones de vida y trabajo de los agricultores y ganaderos y que valore el papel de la agricultura en el equilibrio y en la conservación de los recursos naturales y del paisaje.
Es preciso trabajar para cambiar la política agraria común de la CE, que en su configuración actual beneficia sobre todo a los agricultores más ricos y, a las grandes empresas comercializadoras a costa de los bolsillos de los contribuyentes; es decir, a costa del conjunto de los trabajadores. Unas relaciones fluídas de la Administración central con sindicatos y Autonomías sería una de las mejores maneras para descender de las macromagnitudes a los problemas regionales y comarcales, al conocimierito de las explotaciones y de los sectores con dificultades. Y seguro que en algunos temas el ministro podría contar con el apoyo de los afectados para respaldar sus posiciones en las duras negociaciones con sus colegas de la CE.
La situación llega al extremo, dificil de explicar al profano, de que hace más de 10 años que no se convocan elecciones sindicales en el campo, mientras se mantienen con dinero público las cámaras agrarias.
