Interior ensaya en Madrid la tramitación del DNI por parte de una empresa privada

Izquierda Unida pedirá explicaciones al Gobierno sobre la decisión del Ministerio del Interior de encargar, de momento en Madrid, a una empresa privada la labor de tramitar las citas para renovar el documento nacional de identidad (DNI), por entender que es "una dejación de funciones del Estado" y hace viable una "posible intromisión privada en datos confidenciales" del ciudadano. Parecidas críticas han sido emitidas por el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP) y por la asociación Jueces para la Democracia. Interior ve ese temor injustificado, y alega que el ciudadano sólo debe facilitar a esa empresa su nombre, pero no su número de DNI ni su dirección, teléfono u otros datos personales.

La Delegación del Gobierno de Madrid ha contratado a una firma privada para concertar las citas para obtener o renovar el DNI. Para ello se debe llamar de nueve de la mañana a nueve de la noche, de lunes a sábado, al teléfono 571 88 18. En este número, que consta de una veintena de líneas y de un servicio informático, según portavoces de Interior, empleados de esta empresa piden al usuario su nombre y, de acuerdo a sus deseos y al cúmulo de trabajo, le indican fecha, hora y centro policial determinados para obtener el carné.La empresa encargada de esta labor es Marketing Telefónico (MTSA). Según un portavoz del Ministerio del Interior, esta misma firma se encarga e la concertación de citas para los ambulatorios que dependen del Insalud, y recuerda que no es obligatorio llamar al citado número para obtener un DNI. "Es un mutuo favor, no un control", indican estas fuentes.

En ningún momento, según un portavoz de la Delegación del Gobierno en Madrid, el ciudadano debe facilitar a la citada firma su dirección, teléfono u otro dato reservado que afecte a su esfera íntima, dado que sólo se le interroga sobre el nombre, la comisaría y el momento que le resultan más cómodos para la expedición de su carné.

A pesar de que el citado portavoz autorizado de Interior dijo que el ciudadano no debe dar su actual número de DNI ni su dirección, fuentes de la Delegación del Gobierno matizaron que esta norma tiene excepciones. Es el caso de una persona que por enfermedad no pueda desplazarse para renovar el carné. Entonces sí debe comunicar su dirección a su interlocutor telefónico, que lo pondrá en conocimiento de la policía para que desplace al domicilio un equipo de funcionarios. Si se trata de una persona que va a obtener el DNI por primera vez, tiene que dar no sólo su nombre, sino la identidad del progenitor o persona responsable y su DNI, según fuentes de la Delegación.

Coste de 70 millones

El coste del programa efectuado por Marketing Telefónico, firma radicada en la madrileña calle Juan Olías, 11, se cifra en 70 millones de pesetas, según informaba ayer El Periódico de Catalunya. El contrato es anual, y si se considera positiva la experiencia, según portavoces de la Delegación del Gobierno, este programa no sólo se mantendría en Madrid, sino que se extendería a otras comunidades autónomas, aspecto no confirmado ayer en Interior.

Los objetivos declarados son evitar las colas y las esperas innecesarias de los ciudadanos, al tiempo que se reduce y racionaliza el trabajo de los funcionarios relacionados con estos cometidos. Este plan comenzó el pasado sábado en Madrid, donde anualmente se tramitan 600.000 documentos de identidad y donde se cifraba en unos 100.000 los ciudadanos que sufrían graves demoras para lograr su DNI.

Por el contrario, un portavoz del SUP ha manifestado severas críticas a este programa, que considera una "dejación de funciones" por parte del Estado y que vulnera la ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que cifra como competencia exclusiva de la policía "la expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes".

Este sindicato indica que se está poniendo en manos privadas una "información muy delicada", que a la vuelta de un tiempo podría tener un uso muy distinto del ahora previsto. Con esta medida, en opinión de un portavoz del SUP, la policía pierde competencias en favor de entidades privadas. Este sindicato anuncia el estudio de posibles acciones legales contra este plan.

Petición de explicaciones

Carlos Carnero, del Gabinete de Comunicación de Izquierda Unida, indica que su grupo pedirá explicaciones al Gobierno por esta privatización y que, conocidas todas las circunstancias, adoptará otras medidas. IU centra sus críticas a este programa en tres aspectos. Todo lo relacionado con el DNI sólo puede estar en manos del Estado; la intervención del sector privado puede hace peligrar el uso de información reservada y, finalmente, supone la constatación de que la Administración es incapaz de gestionar algo tan simple. "Ya es bastante el control informático que hace el Estado para que ahora entren a compartirlo firmas privadas", señaló.

Ventura Pérez, portavoz de Jueces para la Democracia, indica que esta iniciativa de Interior le parece negativa y que es una "dejación de funciones" del Estado que puede posibilitar una "cierta intromisión en datos que deben ser privados" por parte de ámbitos ajenos a la Administración. "La Administración no puede dejar en manos privadas estas materias", indican estas fuentes.