Ejecutivos de Cubiertas y MZOV compraron facturas falsas por orden de la dirección, según un inculpado

Los ejecutivos de Cubiertas y MZOV compraron facturas falsas para defraudar el IVA por orden de la dirección general de la compañía, según indica la declaración judicial de Ignacio Manresa, subdirector financiero de esa empresa. La orden, explicó Manresa, la recibió en 1988 del director general de Cubiertas, Pablo García Arenas Rubio, fallecido en abril del año siguiente. Manresa recibió instrucciones del director del servicio jurídico de la empresa, Ángel Ledesma Pozas, para hacerse con unos 1.000 millones de pesetas de dinero negro para comprar terrenos privados. La orden le fue ratificada por García Arenas. La Guardia Civil quiere tomar declaración a Ledesma y al presidente del consejo de Cubiertas.

La declaración de Manresa fue conocida ayer cuando el juez encargado del caso ordenó levantar el secreto de las diligencias. El magistrado Emili Soler también resolvió remitir todo lo actuado al Juzgado Central número 3 de delitos monetarios, de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Rodolfo Soto Vázquez, porque el fraude del IVA, que asciende a más de 5.000 millones de pesetas, afecta a cinco provincias españolas: Barcelona, Madrid, Castellón, Pontevedra y Pamplona.El subdirector financiero de Cubiertas y MZOV, en libertad tras pagar una fianza de 12 millones de pesetas, la más alta de las impuestas hasta ahora por el juez, admitió haber comprado facturas falsas por un importe de 754 millones. En su declaración del 8 de noviembre ante la Guardia Civil, Manresa relató que estas operaciones se realizaron a partir de mediados de 1988 por un encargo que le hizo el director del servicio Jurídico de la firma, Ángel Ledesma Pozas. Esta maniobra se la encargó "para atender necesidades de la compañía en operaciones inmobiliarias, por cuanto la empresa no podía comprar terrenos privados porque los vendedores pedían pagos en dinero negro. La prueba de ello es que todas las adquisiciones que se han hecho son de terrenos públicos", se recoge en el sumario.

Manresa precisó que advirtió a Ledesma de que "era una práctica muy peligrosa" y que éste le contestó que asumía toda la responsabilidad. "Para despejar las dudas le dijo que hablara con el que era director general de la compañía, Pablo García Arenas Rubio, que le confirmó el encargo y que se hiciera cargo de la operatividad administrativa".

Un portavoz de Cubiertas y MZOV señaló ayer por la tarde que la compañía estaba a disposición del juez y que las declaraciones de Manresa, que desconocía, son suyas, no de la empresa. Ante la posibilidad de que el juez llame a declarar a Ledesma Pozas, el portavoz precisó que cada persona es libre de declarar lo que quiera, pero que es el juez quien debe determinar si hay culpa. Cubiertas presentó declaraciones complementarlas a Hacienda el 24 de octubre, dos días después de la primera detención de un empleado.

Entre la documentación que consta en las diligencias se encuentran fotocopias de las facturas falsas que reflejan adquisiciones inexistentes. Más de una hace referencia a trabajos en la construcción de una cárcel cerca de Barcelona.

Abogado del Estado

Pere Bou, considerado el organizador del fraude, hace mención en una de sus declaraciones al abogado del Estado José Manuel Silva, experto en cuestiones de delito fiscal y miembro del Tribunal Económico Administrativo (TEAC). En el testimonio prestado ante la Guardia Civil, Bou dice que conoció a Silva por una consulta que hizo al despacho Manuvens, de Barcelona, donde el abogado del Estado trabaja, lo que suele ser incompatible.

Bou pidió a Silva informes de la empresa Finser -una de las expedidoras de facturas falsas propiedad de Bou-, petición a la que Silva contestó solicitándole el número de identificación fiscal. En un contacto posterior entre ambos, el abogado del Estado le confirmó que dos de las sociedades de Bou estaban sometidas a inspecciones fiscales. Bou subraya que la actuación de Silva se limitó estrictamente a lo expuesto. Parte de esta información fue registrada por una intervención telefónica de la línea de Bou.

La participación del ex ministro José Pedro Pérez Llorca en la venta de un palacete de Madrid es relatada por tres de los implicados en sus declaraciones: Bou, José Elpidio Gómez y el asesor fiscal Antonio García García. El palacete fue adquirido por el grupo Perrier por 800 millones de pesetas. La sociedad instrumental utilizada en esta ocasión para la operación fue Barcelonesa de Contratas y Obras.

H Capital, una de las sociedades de la que ya se había informado como involucrada en el fraude, adquirió facturas falsas por valor de 388.925.600 pesetas a la firma Edificios Granto, propiedad de Elpidio Gómez, según refleja éste en su declaración. Por las cifras manejadas hasta ahora, la adquisición de facturas falsas de H Capital es la segunda en importancia, después de Cubiertas. En esta misma declaración, Gómez manifestó que una de sus empresas, 2G Construcciones, vendió facturas a Inverbroker Sociedad de Valores y Bolsa, participada al 40% por La Caixa.