García de Pablos anuncia que la vista oral del juicio de Alcalá 20 comenzará en abril

El abogado Antonio García de Pablos, representante de las familias de 58 de los 82 fallecidos en el incendio de la discoteca Alcalá 20 en diciembre de 1983, anunció ayer que la vista oral del juicio sobre este suceso podría comenzar en abril de 1991 en la Audiencia Provincial, después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso de amparo presentado por el antiguo concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Horcajo, procesado en el sumario", dijo el letrado.

El abogado se mostró contrario a negociar con la Administración -el Estado fue declarado responsable civil subsidiario en el proceso- para fijar el monto de las idemnizaciones. 'Después de que el pasado 6 de abril el Ministerio del Interior afirmara que los familiares de los fallecidos iban a cobrar una indemnización de 15 millones de pesetas no hemos recibido ninguna noticia. Sí después de este silencio los afectados quieren negociar, yo no voy", dijo el letrado.García de Pablos abogó porque el Ayuntamiento de Madrid o el Estado ayuden económicamente a los afectados sin esperar la sentencia como hizo con los bomberos fallecidos en el incendio de los almacenes Arias". "Las familias de los muertos en Alcalá 20 no han recibido desde la tragedia más que el derecho perpetuo sobre las sepulturas de sus seres queridos", añadió.

García de Pablos anunció también la próxima interposición de un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 1989 sobre el síndrome tóxico. De Pablos, representante de 5.721 afectados, pedirá la revisión de la sentencia, con petición de penas para algunos de los 24 industriales absueltos y aumento de las condenas para los juzgados. Sólo dos de los aceiteros procesados siguen en prisión.

Los afectados por el síndrome aún no han cobrado las indemnizaciones establecida en la sentencia de la Audiencia Nacional, a la espera de que ésta sea o no confirmada por el Supremo. El 15 de septiembre, la Audiencia Nacional desestimó el recurso de reforma presentado por el abogado del Estado en contra de la designación del Estado como responsable civil subsidiario ante la insolvencia de los encausados.