Unitat del Poble Valencià acusa de cohecho continuado a los políticos del PP
Unitat del Poble Valencià (UPV), partido nacionalista valenciano de izquierda que ejerce la acusación popular en el caso Naseiro, presentó ayer ante el Tribunal Supremo su acusación contra el diputado Ángel Sanchis y Rosendo Naseiro -sucesivos responsables de finanzas del PP-, Salvador Palop -concejal valenciano del PP- y el empresario José Balaguer. La UPV imputa a los tres primeros un delito continuado de cohecho, por el que pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel y cuatro millones de pesetas de multa. El fiscal presentará hoy su escrito de acusación, y los acusadores de Izquierda Unida pedirán un total de 13 años de prisión y 36 años de inhabilitación.
La primera de las acusaciones presentadas al instructor del Tribunal Supremo fue la de UPV, formación coaligada en el Parlamento Europeo con Izquierda de los Pueblos -actualmente representada por Juan María Bandrés- y que cuenta con 2 diputados en el Parlamento valenciano, 5 alcaldes y 120 concejales. Según el letrado de UPV Marco Gómez de la Serna, su escrito de acusación, de nueve folios, es fruto del estudio concienzudo de las actuaciones del juez Luis Manglano y de las posteriores comprobaciones realizadas, que ha conducido a una acusación' de delito continuado de cohecho contra Sanchis, Palop y Naseiro y de cohecho contra Balaguer.UPV pide 4 años de prisión y 4 millones de pesetas de multa para Sanchis, Palop y Naseiro y 4 años de inhabilitación especial para los dos primeros, así como 4 meses de arresto y 4 millones de pesetas de multa para Balaguer. UPV pide al instructor que cada uno de los cuatro acusados preste una fianza de seis millones de pesetas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se declaren procedentes.
Dádivas para financiarár al PP
La acusación se fundamenta en que entre diciembre de 1989 y abril de 1990 los tres políticos del PP, "a través de múltiples y reiteradas reuniones, entrevistas y comunicaciones telefónicas se concertaron firmemente para la ejecución de un delito de cohecho, lo planearon y decidieron ejecutarlo, acordando para ello establecer contactos con determinadas empresas" a las que solicitaron dádivas para financiar al PP y para el lucro personal de algunos acusados.Según esta acusación popular, las empresas mencionadas participaban de forma habitual y directa en los concursos públicos, subastas u otras formas de concesión y adjudicación atribuidas a las corporaciones locales o autonórnicas", o estaban interesadas en las mismas. UPV incluye entre los casos de cohecho las concesiones relacionadas con un aparcamiento en Valencia, el contrato de limpieza de Alicante, el alumbrado del distrito de Fuencarral /El Pardo (Madrid) y un polideportivo de Valencia, así como la edificabilidad de unas parcelas en Culiera (Valencia).
Entre las pruebas a utilizar en el juicio oral, UPV pide el interrogatorio de los acusados, el testimonio de Manuel Fraga y José María Aznar y otros dirigentes del PP como Arturo Moreno, María Isabel Díaz de la Lastra y Eduardo Zaplana, así como de los empresarios Carlos Bonet, Luis Janini, Manuel Romillo y Áangel Couso. En cuanto a Sanchis, dada su condición de diputado, UPV pide al instructor que la sala solicite la autorización del Congreso de los Diputados para juzgarle. También pide que antes del juicio se le entregue copia de las cintas magnetofónicas.
El fiscal presentará hoy su escrito de acusación, tras las discrepancias surgidas la semana pasada en la junta de fiscales, que según fuentes próximas a Juan Martín Casallo, fiscal del caso, han sido resueltas en favor de la tesis acusatoria por el fiscal del Estado, Leopoldo Torres.
10 años de inhabilitación
Los acusadores de IU del País Valenciano presentarán también hoy su escrito de acusación, en el que solicitarán 5 años de cárcel para Palop, 4 años y medio para Sanchis, 3 años para Naseíro y 6 meses para Balaguer, así como, multas por el triplo de la cantidad que se dilucide en el juicio como objeto del cohecho. Asimismo, solicitarán 10 años de inhabilitación especial para los tres políticos del PP y 6 años para el empresario Balaguer.
