12.000 personas tramitan el estatuto de refugiado
En la Comunidad de Madrid, 12.000 extranjeros están tramitando en estos momentos el estatuto de refugiado. Este dato lo aportó ayer José Ramón Brunet, directivo de la Cruz Roja, en una reunión de varios organismos en la que se acordó buscar soluciones para el problema de estas personas, muchas de las cuales viven a la intemperie. Además del representante de la Cruz Roja, estuvieron la delegada del Gobierno, Ana Tutor; la concejala de Servicios Sociales, Carmen Díaz Marés; la consejera de Integración Social, Elena Vázquez, y el secretario general de Política Interior, Adolfo Creus.Los reunidos acordaron buscar alojamiento a los extranjeros, muy especialmente a los africanos que duermen en la plaza de España y los jardines del templo de Debod. Según el informe policial estudiado ayer, la mayoría de ellos están legalmente en España en espera de su estatuto. Una comisión permanente creada al efecto intentará acelerar los trámites de estos extranjeros, que a veces esperan más de un año para obtener sus documentos, y dar prioridad a las personas que realmente tengan opción al estatuto de refugiado. La Cruz Roja con ayuda de los otros organismos, intentará repartir a estos extranjeros por otras provincias para paliar un problema que se concentra en Madrid. "Cruz Roja gestionaría el traslado y nosotros pagaríamos", dijo Elena Vázquez, que añadió: "El problema que se nos plantea es gravísimo, porque aquí estamos hablan do sólo de los legales, y hay también muchos ilegales".
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Integración Social busca un local para los africanos de la zona centro
Viene de la página 1Esta es la primera reunión que se celebra con la participación de todos los organismos e instituciones que tienen responsabilidades sobre la situación de los extranjeros refugiados en España.
La delegada del Gobierno de Madrid expresó su temor de que se produzcan en España brotes de xenofobia contra los residentes extranjeros. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Ana Tutor declaró que entre las medidas adoptadas para solucionar, no sólo el problema de los africanos en la plaza de España, sino de todo este colectivo, sobresale un proyecto global para agilizar y simplificar los trámites de la Ley de Extranjería, a la que se tienen que acoger todos los ciudadanos extranjeros que quieran residir en España.
En relación con los africanos que pernoctan en el centro de la capital, manifestó que había sido el tema puntual de la reunión, pero que algunas de las decisiones adoptadas son extrapolables a todos los refugiados en España.
Asimismo, la Cruz Roja propuso distribuir por toda España los distintos organismos que en la actualidad prestan ayudas económicas a los exiliados -ayudas que rondan las 31.000 pesetas- y que en la actualidad se concentran en Madrid. "Para facilitar no sólo los trámites, sino también para evitar la concentración de refugiados en la Comunidad de Madrid".
Ayudas asistenciales
En relación con los refugiados en la plaza de España y los jardines que rodean el Palacio Real, Ana Tutor afirmó que se estudia una serie de medidas asistenciales que "permitan vivir con dignidad a estas personas". Estas ayudas serán financiadas por el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Madrid y la Cruz Roja.
Aunque no precisó en qué consistirían, reconoció que habían estudiado algunas ideas, como descontar una parte de las ayudas económicas que el Gobierno concede a estas personas y asegurarles comida y alojamiento. Asimismo, los responsables de la Consejería de Integración Social de la Comunidad de Madrid estudian como medida urgente rehabilitar algún local para alojar a los africanos que duermen a la intemperie, ya que en Madrid no hay camas suficientes para todos. El Ayuntamiento de Madrid sólo dispone de dos albergues, el de San Isidro, con 197 camas, y otro en la calle de Canarias.
Según la Delegación del Gobierno, en la última operación de identificaciones llevada a cabo por la policía en la plaza de España, 48 personas tenían solicitado el derecho de asilo y refugio, siete tenían su pasaporte en regla y cinco se encontraban en situación ¡legal, por lo que se les aplicó la Ley de Extranjería.
También se acordó crear una comisión permanente con todas las instituciones para seguir directamente los diferentes problemas de este colectivo. La comísión se reunirá cada semana e intentará "controlar la posible picaresca que se pueda crear".
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