Droga y hastío popular
LAS NOTICIAS sobre la incautación de importantes alijos de, droga no bastan para contener el hastío popular por las tragedias familiares que acarrea el mercado de los estupefacientes -incluyendo su incidencia en la delincuencia- y periódicamente se producen en barrios y pueblos reacciones colectivas de protesta. Las movilizaciones de las Madres de la Droga en varias localidades madrileñas, el asedio vecinal de Barbate -con episodios cruentos- o las iniciativas vecinales en barrios del cinturón barcelonés, como La Mina o San Cosme, son algunas de sus manifestaciones.Unos reclaman una mayor tutela pública, y otros, bastantes más, buscan fórmulas sustitutorias, remedios al desamparo o inoperancia policial. En La Mina se da la paradoja de que personas anteriormente detenidas por supuesto tráfico de estupefacientes encabezan la protesta. Un brumoso liderazgo que no desdibuja las razones de la crispación popular ni desmiente la buena voluntad de muchos, entre ellos algunos respetados tíos de la comunidad gitana que quieren limpiar su barrio.
Al margen del impreciso resultado de las guerras vecinales -que en caso de éxito sólo supone la mudanza del traficante a otro distrito o ciudad-, su mera existencia pone de relieve que el ciudadano no confía en que el aparato del Estado les proteja de esta mortífera venta al detalle. Estos vecinos conocen al camello del piso de enfrente, al pequeño suministrador, el último eslabón de una red de distribución cuya capilaridad agota cualquier hipótesis de triunfo en su represión masiva. Es evidente que el control de la ingeniería financiera que permite el blanqueo de las ganancias del narcotráfico o las grandes incautaciones perjudican este comercio, pero no merman de manera aparente su capacidad para contentar a la clientela adicta.
Por otra parte, el aumento de productos químicos -que no precisan grandes campos de cultivo y pueden elaborarse muy cerca del destinatario sin problemas en el transporte clandestino internacional- va a entorpecer todavía más las futuras acciones policiales en este terreno.
Los gestores de un concepto paternalista del Estado entienden que, en este asunto, la actitud correcta es evitar que la droga llegue a su consumidor. Pero ante la evidencia de que no lo consiguen, es oportuno volver a plantear una reflexión sobre la conveniencia de legalizar el comercio de la droga para, al menos, controlar sanitariamente a su víctima, evitar el delito recaudatorio a que se ven impelidos muchos de ellos para poder comprar la mercancía y controlar los beneficios que genera este mercado. Mientras tanto, la incapacidad policial va a llevar a muchos angustiados ciudadanos a buscar una salida por su cuenta, una salida -que no una solución- que puede tener un coste, en aspectos como la convivencia o la seguridad jurídica, caro, muy caro.
