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La defensa de la clínica Ginemédica acudirá al Constitucional

La abogada Francisca Cobos, que junto con el letrado José María Mohedano, lleva la defensa del director, seis médicos y un enfermero de la clínica Ginemédica de Valladolid, acusados por la fiscalía de esta capital de presuntas prácticas abortivas ilegales, afirmó ayer está dispuesta a llevar el caso al tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.La petición, en caso de llevarse acabo, se basaría en la vulneración del derecho fundamental de defensa que a su Juicio ha cometido el ministerio fiscal en sus actuaciones, según la abogada, que dijo que dicho recurso puede efectuarse incluso si el juez no atiende la petición de apertura de juicio oral reclamada por el fiscal, Antonio del Hoyo.

Francisca Cobos acusó al fiscal, que actuó a raíz de una denuncia de la Asociación de Jóvenes Pro Vida, de mostrar un interés "desmesurado" por este asunto. Según la abogada, en la actuación del fiscal "se capta un empeño específico en buscar imputaciones", lo cual, a su juicio, no es correcto, ya que las actuaciones del ministerio público deberían haber estado dirigidas al esclarecimiento de los hechos y no a buscar una imputación desde el primer momento.

La letrada destacó que prueba de la inconsistencia de las actuaciones de Antonio del Hoyo es que ha tardado ocho meses en elaborar el escrito de petición de apertura de juicio cuando de haber tenido base suficiente lo debería haber hecho en cinco días, como marca la ley.

Francisca Cobos confirmó que ha recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid de admitir a trámite el escrito del fiscal pidiendo el procesamiento del personal de Ginemédica por considerar que "desde el punto de vista técnico la acusación se sostiene difícilmente" y se juega con los derechos de los ciudadanos, ya que "no se sabe por qué se acusa y dequé se acusa". Las penas solicitadas por el fiscal son de 10 años de prisión para cada uno de los ocho implicados por cuatro presuntos delitos de aborto. Además de otros dos años de prisión para el director del centro, Juan Carlos Rodríguez Seoaríe, y para el médico Jesús Alonso de la Vega, por un supuesto delito de falsedad de documento público. La Asociación Jóvenes Pro Vida emitió ayer un comunicado en el pide la ampliación a 20 años de las penas solicitadas por el fiscal. El director de Ginemédica declaró que este centro, el único de carácter privado de Castilla y León autorizado para realizar abortos, cumple una función social.

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