La Policía Judicial se traslada a Madrid y Valencia para seguir el 'caso Guerra'

Miembros de la Policía Judicial de Sevilla se desplazarán mañana a las provincias de Madrid, Valencia y Murcia, para investigar las conexiones de Juan y Antonio Guerra, hermanos del vicepresidente del Gobierno, con operaciones inmobiliarias presuntamente fraudulentas, según fuentes de la investigación.

Ángel Márquez Romero, el juez de Sevilla que instruye el caso Juan Guerra, ha encomendado a los agentes de la policía que viajarán a Madrid que se centren en indagar lo relacionado con la venta de los antiguos cuarteles de los Docks y la Maestranza, propiedad del Ministerio de Defensa. El empresario Manuel Macías, propietario de la inmobiliaria Cimsa, ofreció un premio de 500 millones de pesetas a Antonio Guerra si conseguía para su empresa dichos cuarteles, además de una comisión de 112 millones en concepto de corretaje.

Los policías que se van a desplazar a estas provincias están autorizados judicialmente para requerir a cualquier organismo la documentación que precisen. El juez quiere saber si el Ministerio de Defensa ha enajenado ya tales cuarteles y, en su caso, quién los ha obtenido y con qué procedimiento administrativo.

Desmentido de Defensa

[Un portavoz del Ministerio de Defensa aseguró ayer que es "absolutamente fálso" que el Cesid, servicio de información militar, fuera el autor de las escuchas telefónicas ilegales descubiertas en los juzgados de Sevilla, tal como apuntaron fuentes próximas a la investigación. Izquierda Unida anunció ayer que pedirá explicaciones en el Parlamento al ministro de Defensa, del que depende orgánicamente el Cesid, sobre la presunta implicación de dicho servicio en las escuchas.

Estos hechos se han relacionado con el intento de soborno a un alto cargo de Defensa, para obtener los citados solares. Fuentes del ministerio no han negado que el responsable de la Gerencia de Infraestructura, general Juan Valverde, recibiera a Antonio Guerra, pero han señalado que dicho general "recibe anualmente a cientos de personas para darles información" y que las adjudicaciones se hacen en subasta pública.]

Por otra parte, el fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Jaime -Ollero, presentara mañana una querella por un presunto delito de prevaricación contra el alcal'de de Barbate (Cádiz), Serafin Nuñez, y contra Juan Guerra, en relación con el proyecto inmobiliario denominado Puerta de la Plata. El fiscal considera que hay indicios delictivos en la autorización municipal para construir una urbanización de lujo en unos terrenos que fueron recalificados tras una entrevista entre Juan Guerra y Serafin Núñez.

Asimismo, Antonio Guerra será reconocido el martes por un grupo de peritos médicos, quienes deberán informar al juez si el hermano mayor del vicepresidente del Gobierno está en condiciones de prestar declaración y si lo ya ha testificado puede tenerse en consideración.