El registro de altos cargos no refleja anomalías

El Ministerio de las Administracíones Públicas no ha advertido ninguna irregularidad en las declaraciones de intereses de los más de 600 altos cargos de la Administración Central presentadas en el registro creado el pasado febrero, según fuentes del departamento. La inmensa mayoría ha consignado "nada que declarar" en las cuatro casillas del cuestionario, referidas a participaciones en empresas privadas o públicas directamente o a través de parientes. Un número indefinido de altos cargos no había presentado aún ayer esta declaración, aunque el plazo expiró el 15 de junio, omisión no sancionable.De los 18 miembros del Gobierno, sólo dos no contestan con un "nada que declarar" a los anteriores puntos. Se trata de los ministros de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y Agricultura, Carlos Romero. El primero consigna que su esposa, Gloria Barba, es directora de filiales y delegaciones de la empresa Fomento de Comercio Exterior. El titular de Agricultura declara que su esposa, Montserrat Dexeus, codirige la agencia Vitrubio. Casi todos los altos cargos que declaran intereses se refieren a pertenencia a consejos de administración de empresas públicas.

No obstante, existe un porcentaje indeterminado que refiere intereses en empresas privadas. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario de Estado de Educación, se declara vocal del consejo, de Papelería Ibérica. Javier Mauleón, subsecretario del MOPU, declara que su esposa, Soledad Mestre, posee el 42,6%. de la firma Construcciones, Navegación, Indu. Rafael Delgado, secretario general de la vicepresidencia del Gobierno, refiere que su mujer, Francisca Vidal, posee el 12,5% de Cala Vicky SA y Comercial Isleña de Turismo, con un 7,50%.

El presidente del Instituto Nacional de Industria, Jordi Mercader, presenta una de las más densas declaraciones y suma con su esposa el 94% de la firma Hacia, SA. Es, asimismo, presidente, consejero y administrador de diversas empresas.

La no entrega de declaración no implica sanción alguna, según fuentes de Administraciones Públicas, ya que el registro "es voluntario". El registro de intereses de altos cargos da por bueno, en principio, el contenido de las declaraciones y sólo lo Verifica ante sospechas o denuncias concretas.

Las mismas fuentes afirman que de este registro nunca saldrán declaraciones de las que se desprendan irregularidades de altos cargos, porque el personal del departamento habría subsanado antes el problema. Para ello, se plantearía al afectado que renunciase al cargo o a los intereses incompatibles. Ello hace que cuanto dato figura en las hojas que se entregan a los consultantes está, en principio, bendecido oficialmente.

El pasado 16 de febrero se creó mediante decreto el registro de intereses de altos cargos, al que los afectados debían presentar unas declaraciones de posibles causas de incompatibilidad, especificando, entre otras cuestiones, su participación o la de sus familiares directos en empresas que tengan conciertos con la Administración.