El PSOE pacta con sus aliados regular por ley el permiso retribuido de cuatro horas para votar

El PSOE ha llegado a un acuerdo con el CDS, PNV y CiU para incluir en la reforma de la Ley General Electoral el derecho a las cuatro horas retribuidas para votar, puesto en cuestión por la patronal andaluza en las elecciones. Asimismo, se excluyen los meses de julio y agosto para celebrar elecciones, aunque todavía tienen dudas legales de que esa norma pueda regir para los próximos comicios, que corresponderían en el mes de julio. Las dudas vienen porque al constituirse esos ayuntamientos y comunidades en julio, los cargos públicos que fueron elegidos por la actual legislación pueden impugnar la convocatoria al señalar que su mandato no ha terminado.

En los días que faltan para concluir el mes de julio los partidos citados revisarán sus negociaciones en torno a los cambios de la Ley General Electoral antes de que el próximo septiembre presenten ya sus conclusiones al resto de las fuerzas políticas.La modificación de esta ley está muy avanzada y en ella se han introducido elementos propiciados por la propia actualidad. Es el caso de la reciente polémica suscitada por la patronal andaluza, que en las últimas elecciones autonómicas pretendía que las cuatro horas fijadas para votar no fueran remuneradas. Esta situación, que provocó el enfado evidente del presidente del Gobierno, Felipe González, ha hecho que se vaya a incluir en la reforma de esta ley la obligación de tal remuneración por parte de los empresarios.

De otro lado, el criterio de excluir para siempre a los meses de julio y agosto para celebrar elecciones se ve con dificultades de aplicación para las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Los dirigentes de estos cuatro partidos políticos, asesorados jurídicamente, han reparado que si se convocan las elecciones para el mes de mayo o junio de 1991, algún cargo público actual puede impugnarlas al considerar que su mandato no termina hasta mediados de julio, que fue cuando se constituyeron ayuntamientos y comunidades autónomas. Las fuentes consultadas indican que todavía no se ha encontrado la respuesta legal.

Documento final

Asimismo, la comisión creada en el Congreso para investigar el proceso electoral del 29 de octubre de 1989 ha terminado sus trabajos con unas conclusiones que serán recogidas en esta reforma electoral. El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, deja claro, como pretendía el PSOE, que "los resultados del proceso electoral del 29 de octubre de 1989, como los de los anteriores procesos desde el 15 de junio de 1977, gozan de plena legitimidad y representan la voluntad soberana de los ciudadanos españoles, libremente expresada y con todas las garantías legales".La comisión, no obstante, "constata la existencia de incidencias, desajustes, dificultades objetivas en la aplicación de la normativa electoral, que no por reiteradas deben ser minimizadas, y cuya incidencia puede ser reducida si se adoptan las modificaciones necesarias".

Así, en las propuestas de resolución se aconseja en relación con la Administración electoral que "se prevea la incorporación, con voz y sin voto, de un representante del Gobierno a la Junta Electoral Central para mejor garantizar la coordinación de las funciones gubernativas en materia electoral y el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Electoral cuya ejecución corresponda al Gobierno".

En estas recomendaciones se aprecia el interés de atribuir a la Junta Electoral mayores potestades y que se refuerce su carácter unificador para las juntas provinciales.

Formación del censo

En materia de censo electoral se pide el establecimiento de sanciones para garantizar la entrega de los datos que deben ser aportados por ayuntamientos y consulados para la formación del censo, así como que se comunique toda defunción a la oficina del censo en el plazo mínimo, de tal manera que automáticamente se anule de ese listado a la persona fallecida. Asimismo, se insta al Centro de Investigaciones Sociológicas para que todos los partidos políticos tengan acceso a sus datos en periodo electoral.Finalmente, se aconseja que se establezca "un nuevo límite, más reducido, de gastos electorales por proceso electoral" y se acreciente el control de las juntas electorales sobre los gastos de campaña con apoyo técnico del Tribunal de Cuentas. A este respecto, el PSOE ya ha acordado con el partido que preside Adolfo Suárez reducir estos gastos al 50% de lo que actualmente fija la ley.