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El fiscal proyecta pedir el archivo del 'caso Naseiro' al no haber comprobado la existencia de delito

El fiscal del caso Naseiro proyecta solicitar el archivo de la causa para todos los implicados por no haberse comprobado los indicios delictivos. Sin embargo, el magistrado Luis Román Puerta, designado instructor del caso por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, preguntará en las próximas semanas al fiscal si encuentra indicios de criminalidad en el diputado del PP Ángel Sanchis para pedir al Parlamento que autorice la prosecución de la causa contra él. En caso negativo, el Supremo devolverá el caso a Valencia, en donde completaría la instrucción Luis Manglano, el juez que la inició.

Por el momento, el fiscal de la sala, Juan Martín Casallo, se muestra contrario a informar favorablemente la petición de nulidad de actuaciones formulada por los abogados de los implicados y, con especial énfasis, por el letrado de Sanchis, Luis Rodríguez Ramos. El fiscal Martín Casallo entiende que en el procedimiento abreviado por el que se tramita el caso Naseiro no existen propiamente "actuaciones", ya que su objetivo no es preparar el juicio, como ocurre en el procedimiento ordinario, sino "preparar la acusación", mediante la "acumulación de fuentes de conocimiento de los medios de prueba disponibles".La estrategia jurídica proyectada por Martín Casallo y avalada por el fiscal general del Estado Leopoldo Torres, es la petición del archivo del caso Naseiro por falta de pruebas, o dicho más técnicamente, por falta de motivos suficientes para acusar. Sin embargo, otras fuentes de la fiscalía general consultadas por este periódico consideran que la petición de archivo plantearía "una situación delicada'.

En cambio, Manuel Cobo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y abogado de Salvador Palop -concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y presidente de su comisión de compras- estima muy verosímil el archivo del caso por falta de acusación. Asimismo, el letrado Rodríguez Ramos se anticipó ayer a solicitar el archivo, por no haber resultado "ningún indicio de criminalidad en las diligencias practicadas hasta ahora", según el escrito remitido a la sala.

"Apatía acusadora"

Por su parte, un magistrado del Tribunal Supremo que ha seguido de cerca las diligencias practicadas, declaró a este periódico que ante la sala se ha constatado "apatía acusadora". El mismo magistrado echó en falta, entre las diligencias propuestas hasta el momento por la fiscalía, la citación a los dirigentes del PP José María Aznar y Manuel Fraga, a quienes repetidamente se menciona en las conversaciones telefónicas intervenidas en Valencia por orden judicial. "Incluso aunque no tengan nada que ver en el caso, habría que haberles llamado, para darles ocasión de lavar su buen nombre", señaló.

Entre las escasas diligencias practicadas por el instructor Román Puerta, el pasado martes 10 de julio se efetuó una sobre la concesión municipal de las obras de un aparcamiento subterráneo en la Glorieta, de Valencia, en la que el representante de Promoción de Infraestructuras, la empresa adjudicataria, declaró no conocer a Sanchis ni a ninguno de los demás implicados. Manifestó que la concesión de las obras, de las que era el único ofertante, se produjo por unanimidad de la corporación el 14 de diciembre de 1989 y le fue comunicada por el concejal de circulación Alfonso Goñi, a quien tampoco conocía. En las diligencias previas remitidas por el juez Manglano, esta operación carece de relevancia penal.

El magistrado del alto tribunal antes mencionado justificó la escasa investigación realizada por el instructor Román Puerta en que el objetivo de la misma es averiguar, "a ser posible antes de agosto", dijo, "Ia implicación o no de Sanchis", a fin de, en caso negativo, devolver el asunto a Valencia. Otras fuentes jurídicas hicieron notar, en contraste con la lentitud y pasividad de la instrucción del Supremo, la diligencia con que el fiscal jefe de Valencia Enrique Beltrán ha calificado y solicitado la apertura del juicio oral de un asunto similar, el caso Calpe, sobre el que es inminente la decisión de Manglano.

Por su parte, el fiscal Martín Casallo ha comentado a juristas de su entorno que sólo pedirá el suplicatorio contra Sanchis "si es para sentarle en el banquillo". En todo caso, tras las infructuosas comprobaciones de los iniciales indicios, Martín Casallo estudia el procedimiento para impedir que prosiga la causa tanto contra Sanchis como contra el resto de los implicados.

Mientras tanto, Unitat del Poble Valenciá, partido que ejerce la acusación particular, y que podría suplir la "apatía acusadora" de la pública, no ha propuesto ninguna diligencia al juez y permanece 'Jurídicamente desorientada", según fuentes valencianas, "y con un asesoramiento deficiente".

Pasividad de Izquierda Unida

Por su parte, Izquierda Unida, a pesar de su inicial voluntad de personarse en la causa, no lo ha hecho hasta el momento. Fuentes parlamentarias indican que el reciente triunfo electoral socialista en Andalucía, a pesar del caso Guerra, ha terminado desanimando a los dirigentes de IU sobre la rentabilidad política del intento.

En cambio, los implicados en el caso Naseiro cuentan con prestigiosos abogados, a los que hay que unir la ayuda de las corporaciones a las que pertenecen, de modo especial la del presidente del Consejo General de la Abogacía Antonio Pedrol. Precisamente ayer, la asamblea de decanos de colegios de abogados propugnó, según informa Efe, la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para que los detenidos incomunicados puedan ser defendidos por un abogado de su elección.

Cabos sueltos sin investigar

La línea de comprobación de los indicios del caso Naseiro emprendida por el fiscal Juan Martín Casallo se ha centrado en cuestiones superfluas y no ha ahondado en "los cabos sueltos" que el juez y los fiscales de Valencia no pudieron completar, por la necesidad de remitir la causa al Supremo, según informaron a este periódico fuentes jurídicas profundamente conocedoras de la investigación dirigida por el juez Luis Manglano.Entre los cabos sueltos de la investigación del caso Naseiro, las fuentes indicadas señalaron la actuación de Manuel Romillo, consejero delegado de Dragados y Construcciones; la función de enlace de María Isabel Díaz de la Lastra, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante; "el papel clave" de Javier Domínguez, concejal del Ayuntamiento de Cullera (Valencia); la función de Ángel Couso, director gerente de ETRA, empresa de electricidad aspirante a la concesión de la contrata de alumbrado y señalización en el área de Fuencarral / El Pardo (Madrid), o la implicación de los dirigentes del PP Arturo Moreno y Eduardo Zaplana, repetidamente mencionados.

Preguntas a Fraga y Aznar

Las mismas fuentes estiman lamentable que el fiscal no haya propuesto, en la actual fase instructora, algunas preguntas claves a Manuel Fraga y José María Aznar. En concreto, estiman esencial para el caso preguntar a Aznar y Fraga sobre el organigrama de la financiación del PP y su conocimiento de las operaciones de captación de fondos en cuyo contexto fueron citados.

Asimismo, consideran que Aznar debería contestar si es verdad que felicitó a Salvador Palop por su labor en la financiación del partido y que Fraga debería decir si había recibido de algunas empresas donaciones no incluidas en la contabilidad del PP. Igualmente, creen interesante para la investigación que Fraga sea preguntado sobre la afirmación de Rosendo Naseiro de que se llevó 300 millones a Galicia y que trató de quitarle empresarios a Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de julio de 1990

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