Venezuela inicia un proceso de privatización de sus empresas

Al igual que otros países latinoamericanos, Venezuela ha empezado el proceso de privatización de sus empresas de servicios públicos, en medio de la incertidumbre que este plan está creando entre los trabajadores. y el partido gobernante.Siguiendo la ola privatizadora que recorre el mundo entero, el Gobierno encabezado por Carlos Andrés Pérez decidió poner en venta el primer lote de más de 25 empresas estatales que incluyen astilleros, cementeras, cadenas hoteleras, dos bancos, telefónica y líneas aéreas, como parte de su compromiso adquirido hace algunas fechas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa, sin embargo, está provocando resistencia por parte del sector laboral, que ve su destino incierto cuando las empresas cambian de propietario. Los representantes de los empresarios, por su parte, ha dado el visto bueno a la nueva política impulsada por el Gobierno.

No obstante, las ramas más conflictivas en ese proceso de privatización son la venta de la compañía de teléfonos (CANTB), y la línea aérea venezolana Viasa sobre las cuales hay cierto interés por parte de algunas empresas españolas.

Para tranquilizar a los que apuestan por la privatización y bajar un poco la polémica surgida, el presidente Pérez prometió abrir el concurso público internacional para que las negociaciones de la CANTB y Viasa sean transparentes.

Pero hay otro sector que ha entrado en la polémica de la privatización. Se trata de los hidrocarburos, donde el Gobierno tiene la intención de invitar al capital extranjero para financiar los planes de expansión de la industria petrolera nacional.

Por ahora existen tres grandes proyectos, uno de los cuales es el desarrollo de una planta de gas con la incorporación de la tecnología y financiación de las transnacionales por un monto de 3.000 millones de dólares (unos 300.000 millones de pesetas). Sin embargo, la ley venezolana de nacionalización de los hidrocarburos, vigente desde el año 1966, permite la asociación con empresas multinacionales sólo en la parte de la comercialización, lo que significa un escollo legal para los planes del Gobierno venezolano de privatizar los hidrocarburos. Reformar la ley de nacionalización implicará recorrer un largo camino en el Congreso, y desde ahora los dirigentes del partido gobernante observan con recelo el regreso de las transnacionales.