La Guardia Civil entregó a la policia un informe falso que vincula al comisario Baniandrés con el narcotráfico

La Guardia Civil de Guipúzcoa hizo llegar a dos policías un informe falso que vincula con el narcotráfico al comisario de Irún Mariano Baniandrés. El documento relaciona al antiguo responsable de la Brigada de Interior (antigolpe) con el contrabando y la apropiación de joyas y oro robados. A cambio, la Guardia Civil obtuvo de dos agentes expulsados del Sindicato Unificado de Policía (SUP) un vídeo que le sirvió para identificar a un miembro del sindicato ilegal del instituto armado.

Baniandrés protege a la propietaria de un bar de alterne de Irún dedicada al tráfico de cocaína y de oro y joyas robadas y recibe por sus servicios dinero y favores femeninos. Estas acusaciones están contenidas en los cuatro folios mecanografiados de que consta un informe supuestamente realizado por el Grupo Fiscal de la 513 comandancia (Guipúzcoa) de la Guardia Civil.El documento, que ha sido ofrecido por dos millones de pesetas a algún medio de comunicación, se suma a una campaña lanzada hace meses por un grupo de policías de conducta dudosa para desplazar de Irún a quien en el pasado representó ante el público a los sectores de convicciones democráticas de la policía. En cada una de las hojas aparece el sello oficial correspondiente, en tinta seca. El comisario ha declarado que todo el con tenido del documento es falso y ha anunciado que demandará a los responsables.

El informe está poder de la juez de primera instancia de Irún, Ruth Alonso, para unirlo a las diligencias abiertas a raíz de una denuncia de dos policías contra Baniandrés. Los denunciantes, José Antonio Atienza y Emilio Prado, lo recibieron del cabo primero de la Guardia Civil Segundo Morales Ojaos, ex miembro del Servicio de Información y actualmente destinado en el Grupo Fiscal del aeropuerto de Hondarribia (Guipúzcoa).

El Grupo Fiscal de la Guardia Civil suspendió las investigaciones a finales de febrero por orden superior, afirma el texto. El documento fue elaborado para dar cuenta del resultado de las pesquisas al Servicio de Información de la comandancia, al que se le entregó el 28 de febrero contra un recibo. Participaron en las indagaciones un teniente, con carné profesional 1.976.428, y cuatro números, con carnés profesionales 1.976.428, 29.342.287, 1.876.428 y 29.342.275.

Ninguno de estos códigos corresponde al documento nacional de identidad de miembros de la Guardia Civil, según ha confirmado el Ministerio del Interior. Los miembros del instituto armado, a diferencia de los del Cuerpo Nacional de Policía, carecen de un carné profesional con numeración distinta a la de su documentación personal y usan como identificativo el DNI.

El número de DNI citado para identificar al teniente corresponde en realidad a Nicolás Ángel Aguado, profesor nacido en Toledo y residente en Madrid. El segundo, a Félix Santos Real, nacido en 1901 y posiblemente fallecido. La última renovación de este documento se registró en octubre de 1964. El tercero, a Agustín Viva Freita, nacido en 1887 en Badajoz y con último domicilio conocido en Nerva (Huelva). El cuarto es un número sin asignar y el quinto pertenece a Piedad León, nacida en 1930 en Zalamea la Real (Huelva) y con domicilio en Nerva.

Los policías Atienza y Prado presentaron el informe falsificado a la juez de Irún el 19 de junio pasado, acompañado de un escrito donde relatan como llegó a sus manos. Los cuatro folios les fueron entregados por el cabo primero Morales en el automóvil de Atienza, en el aparcamiento público del aeropuerto de Hondarribia. Los policías dieron a cambio al cabo, que les había propuesto el "cambio de información", un vídeo grabado por ellos en la manifestación del Primero de Mayo de San Sebastián.

El vídeo contiene imágenes de dos encapuchados con una pancarta del ¡legal Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC). Once miembros del cuerpo están en la actualidad encarcelados en prisiones militares, acusados de sedición. Gracias a las imágenes del video fue identificado y detenido, según fuentes policiales, el guardia José Vega, aunque sólo permaneció unas horas "de advertencia" bajo arresto y luego fue trasladado desde Guipúzcoa a Cádiz.Atienza y Prado pertenecen al llamado SUP crítico, uno de los núcleos sindicales de la policía que más apoya al SUGC. Los dos policías habían presentado una denuncia contra Baniandrés por intento de asesinato de un subordinado y protección a un traficante de drogas, apodado El Negro. Los dos principales testigos aportados en la denuncia son los policías Félix Díaz Deive y José Carlos Revenga. El primero está suspendido de sus funciones por tráfico de drogas y el segundo por falsificación de un parte médico de baja. Díaz Deive no ha confirmado la acusación al ser citado a declarar por la juez.

El gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurrutxaga, ha declarado que todo el asunto está sujeto a investigación judicial y que iniciar ahora una investigación interna paralela sería "demasiado complejo". "Algo he oído", señaló, "pero he preguntado a la Guardia Civil y me ha dicho que no hay ningún informe de esa naaturaleza".