El Gobierno podrá delegar en altos cargos de Interior y Defensa el poder de calificar secretos

ANABEL DÍEZ MIGUEL GONZÁLEZ El Gobierno podrá delegar en autoridades militares y de la Seguridad del Estado la facultad de calificar como secretos actos y documentos concretos, aunque la clasificación de materias genéricas corresponderá en exclusiva al Ejecutivo. Así se desprende de la futura ley sobre Protección de la Información Clasificada, que el Consejo de Ministros estudió el pasado viernes y será enviada a las Cortes a mediados de julio. Siguiendo el criterio de la OTAN, la nueva ley divide las informaciones clasificadas en cuatro categorías, en función de¡ grado de protección que requieran: máximo secreto, secreto, confidencial y difusión limitada.

El Gobierno se comprometió el pasado 12 de marzo ante el Congreso, a instancias del Grupo Popular, a remitir a las Cámaras un proyecto de ley sobre secretos oficiales antes del final del actual período de sesiones. Esta cuestión fue objeto de una fuerte polémica durante la pasada legislatura, a cargo del CDS, Izquierda Unida y populares, que denunciaron las limitaciones de los parlamentarios para conocer asuntos clasificados.Diversas fuentes gubernamentales han reconocido en los últimos años que la legislación española sobre la materia, que data de 1968 y fue parcialmente reformada diez años después, se ha quedado obsoleta. Las deficiencias de la ley de Secretos Oficiales se hicieron más patentes a partir de 1982, cuando España ingresó en la OTAN y empezó a manejar documentos clasificados de la Alianza Atlántica.

Uno de los problemas más frecuentes radica en el hecho de que la OTAN cuenta con cuatro clasificaciones distintas (top secret, secret, confidential y restricted), mientras que la ley española sólo contempla dos (secreto y reservado). España ha firmado acuerdos sobre intercambio de información clasificada con la práctica totalidad de los países aliados, en los que se compromete a dar a los documentos recibidos una protección "equivalente" a la del país de origen. El resultado de esta disfunción ha sido que el Gobierno español ha acabado utilizando en la práctica el sistema de clasificación de la OTAN, sin base legal para ello.

Clasificar y calificar

La nueva ley consagra este sistema y crea cuatro categorías de informaciones clasificadas, cuya difusión o comunicación a personas no autorizadas pudiera perjudicar a la defensa nacional o a la seguridad del Estado": máximo secreto, secreto, confidencial y difusión limitada.

El texto distingue entre la "clasificación" y la "calificación". La primera se refiere a las grandes categorías de materias, que por su trascendencia penal debe quedar confiada "a instancias superiores de orden político". La calificación es la aplicación de los criterios de clasificación a una materia, documento o acto concreto. Es una facultad meramente aplicativa, según la ley.

El hecho de que un asunto, por ejemplo el polígono de tiro de Anchuras, sea clasificado como secreto, no supone que todos y cada uno de los documentos relacionados por el mismo lo sean también, sino que para ello será necesario que uno a uno sean calificados como tales, según expertos en el tema.

La clasificación de un asunto como máximo secreto o secreto sólo podrá realizarla el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros. Respecto a las demás categorías, lo podrán hacer también el ministro de Defensa, en el ámbito militar, y el de Relaciones con las Cortes, en el civil. La facultad de clasificar no podrá ser objeto de delegación.

En la ley vigente, la potestad de clasificación corresponde al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem). Se da la paradoja de que ahora la Jujem, que es un órgano asesor del responsable de Defensa, tiene una facultad respecto a la declaración de secretos de la que carece el propio ministro.

Una vez clasificadas las materias, la identificación de los documentos, datos u objetos que se refieran a ellas se realizarán mediante un acto de calificación. La facultad de calificar se atribuye a los miembros del Gobierno y, por delegación de los mismos, a las siguientes autoridades: el jefe del Estado Mayor de la Defensa, los jefes de los Estados Mayores de los tres ejércitos y el director del Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa), en el ministerio de Defensa; y el secretario de Estado para la Seguridad, el director de la Seguridad del Estado, el director general de la Policía y el director general de la Guardia Civil, en el Ministerio del Interior.

La calificación de un documento como máximo secreto o secreto requerirá la comunicación previa a un Registro de Información Clasificada, que se constituirá en la Secretaría General del Gobierno, del ministerio para las Relaciones con las Cortes, con indicación de las características de los bienes o actividades a que afecte y posterior inscripción en el mismo.

La relación de las materias clasificadas e inscritas en el registro podrá ser publicada "total o parcialmente según los casos", cuando lo determine el órgano competente para realizar la calificación o clasiricación. Esta claúsula sustituye de hecho a otra vigente, aunque nunca aplicada, según la cual el Gobierno debe informar a los medios de comunicación del carácter secreto de documentos que pudieran llegar a su poder.

La declaración de una materia como clasificada supondrá que sólo puedan tener acceso a la misma las personas habilitadas para ello, por los mismos órganos competentes para la clasificación o calificación, así como por el presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros. La habilitación deberá expresar el grado de protección de la materia clasificada y las condiciones generales y particulares en que tendrá lugar el acceso.

El incumplimiento de los deberes de protección determinará responsabilidad penal y además se sancionará, si se tratara de personal al servicio de las administraciones públicas, por la vía disciplinaria, administrativa o laboral que corresponda, considerándose como falta muy grave. El Consejo de Ministros y los titulares de los departamentos respectivos determinarán los órganos y servicios encargados de la custodia de las materias clasificadas.