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Jueces para la Democracia propone suprimir la cárcel para el desacato

La asociación judicial progresista y minoritaria Jueces para la Democracia ha propuesto en su quinto congreso, clausurado ayer en Cáceres, suprimir las penas de cárcel para el desacato y demás delitos de opinión, el control sindical de la contratación laboral y una ley del aborto por el sistema de plazos. Asimismo, el congreso reorganizó la asociación, renovó sustancialmente su dirección y diseñó un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que un sector importante de Jueces para la Democracia proyecta desembarcar en octubre.Jueces para la Democracia pidió el control judicial efectivo del internamiento en centros psiquiátricos de los enfermos mentales, "hoy deficiente y en muchos casos inexistente". Denunció el carácter represivo y la falta de garantías de la ley de Extranjería, así como la ausencia de voluntad política para implantar el jurado y la policía judicial. La asociación aprobó rechazar la discriminación social que sufre la justicia pena¡ y su inoperancia frente a la delincuencia ecológiea, social, fiscal y económica. El congreso fue clausurado por el vicepresidente del CGPJ, Manuel Peris. Previamente, intervinieron representantes de asociaciones jurídicas progresistas alemana, portuguesa y argentina. En nombre de esta última el fiscal Aníbal Ibarra, represaliado en su país por oponerse al indulto de los militares con responsabilidades penales, fue objeto de un largo aplauso.

El presidente del Congreso, Antonio Doñate, calificó a la nueva dirección como "de síntesis entre las legítimas tendencias". En el nuevo secretariado el máximo de votos lo obtuvo Ana Pérez Tórtola, con 127, único miembro de la anterior dirección, seguida de Pérez Mariño, Claudio Movilla, Celsa Pico, Garbiñe Biurrun, Antonio Gil Merino, Luis Manglano, Ramón Sáez y Miguel Ángel Cadenas.

En las conclusiones Cándido Conde-Pumpido destacó el nuevo diseño de un CGPJ potenciado en su defensa de la independencia y en su servicio a la eficacia de la Administración de justicia. Un punto polémico fue la comisión mixta Congreso-asociaciones judiciales.

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