Hacienda no tendrá que depositar 4.000 millones para los minoritarios de Galerías

La actual dirección de Rumasa, dependiente de la Dirección General de Patrimonio de Estado, aseguró ayer que los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fijaba un depósito de 4.000 millones para los minoritarios de Galerías Preciados están suspendidos. En consecuencia, Hacienda no tendrá que efectuar el depósito de estos recursos.Las citadas fuentes de Rumasa aseguraron que, además, todos los eventuales justiprecios derivados de la expropiación están presupuestados desde 1984, a través de una partida especial que se denomina "concepto presupuestario", y que es ampliable año a año. Esta partida ha sido utilizada hasta el momento para el pago de unos 11.000 millones de pesetas a minoritarios de diferentes empresas del holding expropiado desde 1984, entre las que destacan el Banco Atlántico y Viñedos Españoles.

Rumasa considera además que en el caso de Galerías Preciados, los representantes de los accionistas minoritarios han aprovechado ahora la ocasión -tres meses después de ser dictada la sentencia- para crear en la opinión pública la impresión de que el Estado está perdiendo los contenciosos derivados del proceso de expropiación, "algo que no responde en absoluto a la realidad", añadieron. En el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el Justiprecio de Galerías Preciados, la abogacía del Estado presentó un recurso hace ya tres meses, que provocó la suspensión de la citada resolución judicial. La sentencia exigía al Ministerio de Hacienda un depósito de 4.000 millones para atender las reclamaciones de los accionistas minoritarios de Galerías Preciados por el pago del justiprecio de sus acciones.

Esta cantidad de 4.000 millones se corresponden con el pago de 7,5 millones de acciones de Galerías, representativas del 21,38% del capital y valoradas al justiprecio de 420 pesetas por acción. Las acciones pertenecían a accionistas ajenos a Rumasa y su número se estima en cerca de 20.000 titulares, en su mayoría de menos de 1.000 acciones.

Los accionistas expropiados, que ahora han dado a conocer la sentencia a los tres meses de haberse producido, valoraron sus acciones de 500 pesetas de valor nominal cada una, en 753 pesetas, mientras que el Ministerio de Hacienda consideró que el valor era cero. El jurado provincial de expropiación de Madrid fijó el justiprecio en 420 pesetas por acción, pero Hacienda denegó el pago provisional del Justiprecio, dando lugar a un proceso contencioso ante los tribunales.