Qué grande es ser joven

Unas recientes declaraciones del consejero del Poder Judicial don Manuel Peris en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados han servido para echar más leña al fuego en esa gran ceremonia de la confusión que es la Administración de justicia en España.Pues ahora resulta que son los jueces jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, quienes carecen de la preparación necesaria para administrar justicia sin que sus sentencias levanten polémicas o sean contrarias a derecho.

No queremos pensar que don Manuel Peris sea partidario de la gerontocracia, tan cara a las dictaduras -de derechas y de izquierdas-, entre otras razones porque su talante democrático está plenamente contrastado. Y preferimos creer que el consejero del Poder Judicial estaba advirtiendo sobre un peligro real que acecha no sólo a los jueces, sino a toda la sociedad española, esto es: la trivialización del sistema educativo en general, que afecta a toda la sociedad.

Porque la realidad cotidiana se encarga de establecer que hay quien es un lerdo desde su juventud hasta su senectud, que hay jóvenes bien o mal preparados y adultos -en cualquier oficio- que hacen bien o mal las cosas.

Tan simplificador resulta intentar esconder bajo la capa de la juventud determinados errores como afirmar que con el paso de los años se aprende más.

Basta fijarse en las últimas sentencias -de las muchas y polémicas- que se han dictado últimamente para darnos cuenta de que los jueces que las redactaron no son unos recién llegados a la carrera judicial. Quien decidió que la minifalda justifica los acosos sexuales, el juez que acaba de decidir que los hematomas que presentaba una mujer podían ser fruto del juego amoroso y no de una violación, el que en Extremadura se pone de parte de los latifundistas en contra de los jornaleros, llevan tantos años en la profesión que los bajos de sus togas ya están raídos de tanto arrastrarlas por los estrados.

¿Significa esto que todos los jueces con muchos trienios a sus espaldas son unos carcas? En absoluto. Pero también es preciso denunciar aquí que no es de recibo la reacción de la Asociación Profesional de la Magistratura -conservadora sin fisuras-, que ante las declaraciones del consejero Peris se rasgó las vestiduras al recordar que ellos ya se mostraron contrarios a que la edad de jubilación de los jueces se aproximase a la del resto de españoles.

Queremos decir, en definitiva, que ni la antigüedad es un grado ni la juventud una patente de corso. De lo que se trata es de que los jueces -como cualquier otro profesional- tengan acceso a unos canales de formación permanente, que primero les proporcione la experiencia necesaria para realizar su labor, y a partir de ahí les vacune contra la esclerosis profesional, ¡gran amenaza para todo el que ha aprobado una oposición!

Y ha sido precisamente la Asociación Profesional de la Magistratura la que más se ha opuesto al denominado tercer turno, ley del Gobierno socialista mediante la cual se permite acceder a la judicatura a juristas de reconocido prestigio profesional sin necesidad de pasar por unas oposiciones.

En este orden de cosas, la Escuela Judicial debe replantearse en profundidad su programa de estudios, tanto en su contenido como en la duración de los mismos. Está claro que mil jueces no se improvisan en un día o en unas semanas, y que la formación de un juez es compleja. Tanto, que exige el esfuerzo de todos. Por ello, no deja de ser preocupante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de mayo donde, entre otras cosas, se dice que, en materia de formación de los jueces, el Estado tiene competencias exclusivas. Cerrar las puertas a las autonomías en materia de formación de jueces no ayuda en absoluto a resolver el problema.

Pero tampoco se puede caer en el error de achacar todos los males que afectan a los jueces a su formación estrictamente profesional, corporativa o como se prefiera llamarla. Estamos firmemente convencidos de que para ser un buen juez no basta con saberse bien los códigos. Además es absolutamente necesario tener sensibilidad. Una sensibilidad democrática que le permita al juez sintonizar con los anhelos generales de una sociedad basada en la solidaridad, el respeto entre sus miembros y la defensa de los bienes de la colectividad. Y que -hay, que recordarlo una vez más- respete escrupulosamente la ya célebre división entre los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo.

No es ocioso recordarlo en estos momentos: porque esa división supone además que cada uno de los poderes asuma sus responsabilidades y que no intente derivarlas hacia otros terrenos. Por decirlo bien claro, la sociedad española asiste en estos días al lamentable espectáculo que supone la injerencia o la dejación de funciones por parte de estos poderes. El ejecutivo presiona al legislativo. El judicial se ampara en un legislativo que se las ve y se las desea para mantener su independencia, y al final resulta que los males de la justicia tienen como responsables a unos jueces que, por ser jóvenes, carecen de experiencia; por ser viejos, están resabiados: pero quien acaba pagando el pato es el justiciable. ¡Sorprendente resultado en un estado de derecho!