Asilo común europeo

LOS MINISTROS de Interior de la Comunidad Europea (CE), reunidos en Dublín en el marco de los contactos regulares del Grupo de Trevi, han elevado una pulgada más el muro exterior que ha de proteger el espacio común europeo cuando en 1993 se derrumben las fronteras interiores por la entrada en vigor del Acta única. En la capital irlandesa, los responsables del orden público y de la seguridad de los países comunitarios han adoptado dos acuerdos importantes: unificar la legislación sobre asilo y refugio en la CE y poner las bases para la creación de una futura Unidad Central de Inteligencia que coordine la información policial en la lucha contra el tráfico de drogas.Estas medidas, tan distintas por su naturaleza como por el colectivo al que se refieren -asilados políticos, en un caso; delincuentes, en el otro-, alertan, sin embargo, sobre un riesgo que planea sobre la necesaria unificación de las normas de entrada por la futura frontera común: que en la construcción de esta frontera se tengan en cuenta exclusiva o preferentemente criterios de seguridad y se abandone cualquier consideración de solidaridad con los ciudadanos de los países que no forman parte del privilegiado club de los Doce. Desde esta perspectiva no deja de causar extrañeza que cuestiones que desbordan, por su complejidad social y su trascendencia política, lo que es un estricto problema de seguridad -y un claro ejemplo es la política de emigración- se aborden en el marco de un grupo de ministros que, como el de Trevi, se constituyó para coordinar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

La desaparición de las fronteras nacionales entre los países de la CE determina la necesidad de establecer alguna forma de barrera exterior en ese conjunto de países. Pero lo racional sería no tratar de la misma forma lo que es diferente: las medidas sobre emigración, asilo político y concesión de visados no pueden basarse en los criterios policiales propios de las referidas a la delincuencia. Los Gobiernos no pueden dar la impresión, ni siquiera indirectamente, de que comparten de alguna manera las actitudes xenófobas de quienes identifican sin más extranjero con delincuente. Existen factores sociales, asistenciales y humanitarios que los Gobiernos no pueden desconocer.

Pero además, la necesaria unificación de normas debería hacerse de acuerdo a las más avanzadas de entre ellas y a las prácticas de acogida más generosas. Sería inadmisible, por ejemplo, que el convenio de asilo comunitario aprobado en Dublín significase un retroceso respecto de las cotas de refugiados y asilados políticos alcanzadas en los países europeos de más fuerte tradición en este terreno, como Francia y la RFA. España, que cuenta con una buena Ley de Asilo y Refugio, ocupa, sin embargo, con Grecia, el último puesto de hospitalidad entre los países de la CE. Y el porcentaje de admisión de solicitudes de asilo ha descendido aún más a partir de 1988, lo cual no es culpa de la ley, sino de los criterios restrictivos con que es aplicada por las autoridades.

No tendría sentido que la aprobación de una norma común de asilo restringiese aún mas el flujo de refugiados en un país que, como España, queda lejos de la media europea. Y lo mismo ocurre en cuanto a los emigrantes. Los 800.000 extranjeros que se calcula residen en España -los datos oficiales los reducen a la mitad- representan el 2,5% de la población española, cuando los emigrantes en Francia representan el 6,7% de su población; en Alemania, el 7,2%; en Bélgica, el 9,1%, y en Suiza, el 16%. Es cierto que la tasa española de paro es superior a la de estos países, pero también lo es que existe una oferta de trabajo no satisfecha en determinados sectores. Lo cual deja entrever que, más que a razones estadísticas, el actual endurecimiento de la política española de emigración se debe a la especial responsabilidad que España ha asumido como guardián de uno de los tramos más extensos de la frontera exterior europea. En cualquier caso, el obligado compromiso comunitario no debería servir para alimentar los sentimientos xenófobos y racistas que afloran, a veces con virulencia, en las sociedades europeas, incluida la española.