El Parlamento Europeo, firme en su defensa del derecho de residencia en la CE

El pleno del Parlamento Europeo amenazó ayer en Estrasburgo con llevar a los doce ante el Tribunal de Justicia de la CE por restringir el derecho de residencia dentro de la comunidad. La Eurocámara protesta contra el intento de los Gobiernos de sustraerse a su control, y pide extender los beneficios de libre residencia en cualquier país de la CE, no sólo a los miembros legales de la familia, sino también al concubino o concubina. Solicita además igualdad de derechos para los hijos de extranjeros criados en un país comunitario, así como para los refugiados políticos y los apátridas reconocidos.

Las propuestas del Parlamento Europeo hacen alusión a la declaración solemne contra el racismo y la xenofobia, adoptada por la CE en junio de 1986, para calificar de restrictivos los tres proyectos de directivas debatidos ayer en el pleno. El Consejo de Ministros de la CE llegó a un acuerdo político el pasado 21 de diciembre sobre los tres textos que reconocen el derecho de libre residencia en cualquier país de la CE a todo país comunitario: uno de carácter general y otros dos específicos sobre jubilados y estudiantes. Se trata de corregir la laguna legal existente para las personas inactivas, dado que los asalariados y trabajadores independientes tienen reconocido en la CE el derecho a la libre circulación y residencia.

Gibraltar

En el caso de los jubilados, el acuerdo político entre los Gobiernos está, pendiente de que el Reino Unido retire su exigencia de restringir el acceso a residir en Gibraltar. España considera inaceptable esa condición. Los argumentos de espacio físico y saturación demográfica esgrimidos por los británicos esconden motivos de soberanía, por la presión que esos nuevos residentes puedan hacer en el futuro.

En los tres proyectos el derecho de residencia está condicionado a unas rentas mínimas que permitan la subsistencia sin el recurso a los organismos de asistencia social del país de acogida.

Para los jubilados, el Parlamento propone un "mínimo vital", en lugar de la pensión mínima del país de residencia que exige el proyecto de los doce. Otra condición es la de contar con cobertura de Seguridad Social del país de origen para no grabar el sistema sanitario del Estado de acogida. España tiene gran interés en este punto, pues se ha convertido en refugio de jubilados británicos, belgas y alemanes.

El derecho de residencia, es un problema irresuelto desde el inicio de la Comunidad.