La Unión Progresista de Fiscales pide la rigurosa investigación de los delitos sexuales

El congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), clausurado ayer en San Sebastián por el fiscal general M Estado, Leopoldo Torres, propugnó la democratización de la carrera fiscal y la rigurosa investigación de los delitos contra la libertad sexual de la mujer, así como los delitos de corrupción económica.

Torres fue favorable al "contenido democrático y transformador" del congreso y expresó, por su. parte, la necesidad de amparar "el derecho a la salud, a la vivienda digna, el trabajo, la seguridad social, el medio ambiente y los derechos de los consumidores, ancianos, mujeres y menores, cuando son violentados bajo muy diversas formas".En su discurso de clausura, Torres se mostró receptivo hacia los problemas de los fiscales, a quienes pidió que huyan de "la tentación del corporativismo". En cambio, les exhortó a contribuir a la transformación del servicio público de la justicia, en el ecntexto del resto de los funcionarios públicos y "de las aspiraciones de los trabajadores de este país". Propugnó una respuesta al interés social, compatible con la defensa de la legalidad y del interés público, y confesó que durante sus cuatro meses en el cargo no ha logrado introducir en los medios de comunicación su mensaje en favor de "quienes más necesitados están de nuestra acción, porque no pueden o no saben defenderse".

Previamente, tras expresar su solidaridad con el fiscal argentino Julio César Strasera, que intervino en el proceso contra la junta militar de su país, el congreso aprobó sus conclusiones, entre las que figura que la UPF recoge "los valores tradicionales de la izquierda, y desea democratizar la carrera fiscal, entre otras formas mediante "la apertura del actual consejo fiscal a una representación de la sociedad".

Aborto y reinserción

El congreso de la UPF ratificó la solicitud de que en el nuevo Código Penal de la democracia, que despenalice el aborto en las 13 primeras semanas de gestación, así como se introduzca la indicación social para los demás casos. Asimismo, se opuso a las iniciativas gubernamentales para cerrar las vias a la reinserción de quienes, aun habiendo cometido delitos muy graves, cumplan los requisitos reconocidos en las leyes penales y procesales. La UPF pidió también la regulación pormenorizada del delito ecológico, con especial incidencia contra las empresas responsables, y recabó un "mayor sensibilidad y eficacia de la Administración".

Igualmente, la UPF manifestó la necesidad de que "se investiguen los delitos económicos y contra los trabajadores, y en particular, los que expresan las diversas formas de corrupción".

Se aprobó también que ante la gravedad de los delitos contra la libertad sexual, y de modo particular la violación, la UPF debe plantearse en las juntas de fiscalía que sean rigurosamente investigados y se planteen los recursos procedentes para que "tan gravísimas conquistas contra la dignidad y la libertad de la mujer sean objeto de la persecución que merecen, adoptando las iniciativas precisas para la protección de las víctimas frente a sus agresores y reclamando las indemnizaciones pertinentes por los daños fisicos y psíquicos que le fueran ocasionados".

Estas dos últimas conclusiones fueron propuestas por el fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo. Sin mencionar los casos Banca Catalana, Penafreta o Naseiro, Jiménez Villarejo recordó que "los máximos conflictos de los fiscales se producen cuando persiguen los delitos económicos o de cuello blanco, cuyos autores están protegidos y cuentan con garantías de las que carecen otros delincuentes".