El PP niega que Aznar y Fraga autorizaran la financiación irregular

Alberto Ruiz Gallardón, fiscal excedente y encargado por el Partido Popular de investigar el caso Naseiro en el seno del partido, ha elaborado un informe de 75 folios en el que señala que ha percibido indicios de responsabilidad política en el comportamiento de Angel Sanchis, Rosendo Naseiro, Salvador Palop y Arturo Moreno. Al mismo tiempo exculpa de las iniciativas de los anteriores a José María Aznar y Manuel Fraga, presidente y presidente fundador, respectivamente.

Ruiz Gallardón recomienda enviar los resultados de su investigación al comité de disciplina, pero propone que no se abran expedientes sancionadores hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia en firme.El informe hace recaer el peso de las responsabilidades en Palop y Sanchis, al entender que han podido atribuirse competencias que nadie les había concedido para captar fondos con destino al partido.

Respecto de Arturo Moreno, le considera promotor de una corriente organizada que pretendía aglutinar a varios militantes y dirigentes del PP socios del Grupo Futuro Financiero, empresa dedicada a inversiones en Bolsa. Todos ellos podrían ser autores de una falta grave que puede ser castigada, según los estatutos del PP, incluso con la expulsión del partido. En el caso de Naseiro, el informe asegura que ha actuado en contradicción con directrices del partido o de forma negligente en el ejercicio de su cargo de tesorero.

La junta directiva del PP aprobó el informe por unanimidad, y quedó claro que las posibles medidas disciplinarias tardarán mucho tiempo en producirse, puesto que se esperara a que el Tribunal Supremo se pronuncie. "Sería jurídicamente aberrante depurar antes responsabilidades políticas", dijo Ruiz Gallardón.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular pedirá la comparecencia inmediata en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, José Luis Corcuera, así como del gobernador civil y del jefe superior de Policía de Valencia, para que expliquen el comportamiento "arbitrario" de la policía, que según el informe "supone la violación de determinados preceptos legales".

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