Un juez francés investiga en Madrid al 'comando itinerante' de ETA

El juez francés Gilles Boulouque, del Tribunal de París, se reunió ayer con los cuatro jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional y algunos de los fiscales con competencias sobre delitos terroristas para coordinar las investigaciones de los atentados cometidos en España por el comando itinerante de ETA, parte del cual fue desarticulado en Francia.El objetivo de Boulouque, que encabeza una comisión rogatoria a la que también está adscrito un fiscal francés, es reunir documentación sobre los atentados cometidos en España por los activistas franceses del comando itinerante, para poder juzgarles en su país. De la treintena de atentados atribuídos al comando itinerante, existen otros tantos sumarios distribuídos entre los cuatro juzgados centrales de la Audiencia Nacional con competencias sobre terrorismo.

El principal problema al que se enfrenta la justicia francesa son los distintos plazos de prescripción de algunos de los delitos, que en Francia es de 10 años mientras que en España puede llegar hasta los 20 años. Así, a algunos de los delitos más antiguos del comando itinerante, que se remontan a 1978, habrían prescritos según la legislación francesa y la responsabilidad criminal de sus autores estaría extinguida.

Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que la mayoría de los atentados de los activistas del comando itinerante podrán ser enjuiciados en Francia, precisamente porque algunos de los sumarios abiertos en España podrían impedir la prescripción.

Además de recabar documentación sobre las causas pendientes a los etarras franceses, los jueces españoles y Boulouque acordaron una estrategia común para coordinar las investigaciones.

Los miembros del comando itinerante son los franceses Henri Parot, detenido en Sevilla cuando transportaba 300 kilos de explosivos para volar la Jefatura de Policía local, Jacques Esnal, Frederic Aramboure, José Ochoantesana, Jean Parot y Philippe Saez. Henri Parot es el único activista que permanece a disposición de la justicia española.

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