El cumplimiento íntegro de la condena, pensado más para terroristas que para 'narcos'

El hecho de que los grandes jefes del narcotráfico detenidos en territorio español, como Badalamenti, Jorge Ochoa o Howard Marks, nunca son juzgados y condenados en España, sino que son entregados a otros países, en la mayoría de los casos a Estados Unidos, avala la tesis de que el proyecto del ministro de Justicia, Enrique Múgica, de reforma urgente de dos artículos del Código Penal para que los terroristas y narcotraficantes tengan que cumplir la totalidad de su condena está pensado más para ser aplicado a los primeros que a los segundos.

En las cárceles españolas se encuentran recluidas por tráfico de droga alrededor de 7.000 personas, de las cuales algo más de la mitad están en prisión preventiva. Casi 6.000 son hombres.Los detenidos por delitos contra la salud pública que son juzgados y condenados en España suelen ser intermediarios y camellos, en su mayor parte procedentes de Colombia o países sudamericanos limítrofes, aunque también hay grupos procedentes de Extremo Oriente y pequeños traficantes locales españoles.

El hecho de que estos delincuentes de poca monta, muchos de ellos adictos a la droga y con la que trafican para pagarse sus propias dosis, puedan haber motivado la iniciativa sobre este proyecto de reforma del Código Penal es cuando menos poco lógico, según fuentes jurídicas.

Así las cosas, es improbable que los jueces apliquen a estos delincuentes la reforma proyectada ya que tendrán en cuenta por las características habituales de estos casos que no sería correcto incluirles en la categoría de "grandes traficantes" que son los verdaderos destinatarios del endurecimiento de las penas.

En medios policiales se explica la voluntad de intensificar la represión contra el narcotráfico por la estrecha colaboración que mantiene España con Estados Unidos e Italia en la lucha contra la droga. Tanto España como Italia secundan las medidas de control y endurecimiento adoptadas por Estados Unidos para neutralizar el blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico, y tratan de sensibilizar a la Comunidad Europea para que respalde unanimemente una política en ese sentido.

La proyectada reforma, según todas las fuentes consultadas, está mucho más orientada a advertir a los terroristas de ETA y GRAPO que aún están en libertad de que, en caso de ser condenados, no les va a resultar tan sencillo salir de la cárcel como a algunos de sus compañeros, que con importantes condenas quedaron libres, tras un corto período de prisión, tras redimir parte de la pena por trabajo o estudios. El portavoz del Grupo Popular, Francisco Álvarez Cascos, afirmaba el pasado miércoles, tras un reunión antiterrorista en el Congreso: "Creemos que las características de los últimos atentados, así como los que puedan producirse por comandos aislados o desesperados aconsejan que se acote de una manera muy precisa la imposibilidad de redimir penas para quienes hayan participado". Aunque los narcotraficantes se incluyen en la reforma, ésta sin duda está motivada por la violencia terrorista. En caso de que finalmente el proyecto de modificación de los artículos 70 y 100 del Código Penal sea aprobado, la medida no sería de aplicación a los delincuentes, terroristas o narcotraficantes, que se encuentran ya en prisión, para no vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución.

Este precepto señala que la Carta Magna garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. De otro lado, algunos juristas han advertido que la elaboración de normas especiales sobre cumplimiento de pena para determinados delincuentes vulnera el principio de igualdad ante la ley en relación con la proporcionalidad de la pena.