UGT recurrirá la decisión del Gobierno de militarizar el control aéreo de Zaragoza

El secretario de la sección sindical de UGT en el centro de control civil del aeropuerto de Zaragoza, José Antonio Mas, anunció ayer que impugnarán ante el Tribunal Constitucional el decreto aprobado en el Consejo de Ministros de ayer por el que el control de dicho aeropuerto pasa a manos de los militares españoles. Mientras el tribunal se pronuncia, los controladores civiles pedirán la supresión de dicho decreto y realizarán una campaña ante la opinión pública y las instituciones para explicar las repercusiones de la medida.

El recurso se basa, según Mas, en que no se ha concedido la audiencia preceptiva a los sindicatos representativos antes de adoptarse tal medida.En opinión de Mas, la nueva situación supondrá "convertir el espacio aéreo aragonés en un campo de tiro, en el que los aviones militares podrán campar a sus anchas sin que nadie lo denuncie".La sección sindical de UGT de controladores aéreos denunció reiteradamente los incumplimientos, en su opinión, por parte de los pilotos militares norteamericanos, de las normativas de aviación civil que pusieron en riesgo a algunos aparatos que se vieron obligados a realizar maniobras o aterrizajes forzosos. Mas interpreta la decisión del Gobierno como "una represalia" a esas denuncias y escritos cursados por UGT. "Parecen decir: los incómodos que se vayan", apunta Mas. En el centro de Zaragoza trabajan 21 controladores civiles más el personal de mantenimiento, "de los que sólo uno quiere irse". La Administración les ha ofrecido la posibilidad del traslado o un período transitorio de uno a dos años de descanso.

Aumento del tráfico

El aeropuerto de Zaragoza experimentó en los últimos meses un incremento del 250% del tráfico de mercancías, con ocho y diez vuelos diarios de cuatro compañías cargueras, "que ahora se irán a otros aeropuertos".La medida también influirá en el tráfico de viajeros, al quedar el espacio aéreo zaragozano como "zona restringida en la que los vuelos civiles estará supeditados a la defensa". Mas interpreta la operación como un trueque entre los ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones.