La Audiencia Nacional declara nula la resolución que encomendó a la CLEA liquidar Internacional de Seguros

La Audiencia Nacional falló, el pasado mes de marzo, a favor de un recurso contencioso-administrativo presentado por los liquidadores privados de la Compañía Internacional de Seguros, SA (CISSA), anulando la intervención de esta empresa, ordenada en 1986 por la Dirección General de Seguros. El fallo de la Audiencia aprecia que la intervención fue decidida en base a un supuesto, como es la existencia de irregularidades contables y administrativas, que está contemplado en el reglamento del 1 de agosto de 1985, pero no en la norma básica y superior que es la ley de 2 de agosto de 1984.

La Dirección General de Seguros, que el pasado mes de enero ganó ante el Tribunal Supremo otro recurso paralelo contra el reglamento de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), promovido por los representantes de Julio Muñoz Ramonet, el financiero catalán residente en Suiza que controla CISSA, ha recurrido este fallo de la Audiencia.Representantes legales de Muñoz Ramonet y de la CLEA han mantenido conversaciones, con posterioridad al fallo contencioso-administrativo, para analizar la situación planteada. En estos momentos, caben teóricamente dos posibilidades: que la compañía vuelva a ser liquidada por Muñoz Ramonet o que éste encomiende, ahora voluntariamente, su liquidación a la CLEA. Cuestiones como la valoración actual del patrimonio inmobiliario, la vigencia de deudas con la Administración que pueden haber prescrito o la continuidad de la querella penal planteada son datos básicos del problema.

Decisión de intervenir

En 1985, la Dirección General de Seguros se interesó directamente por algo que entre las empresas del ramo era un secreto a voces: la situación caótica y de quiebra virtual que arrastraba CISSA. Una inspección presentada el 26 de abril de 1985, permitió a la dirección general comprobar que la compañía incurría, efectivamente, en causa de disolución prevista por la ley. Esta inspección se basó en datos de 1983, que es el último año contable cerrado por la compañía.

A la vista de las "irregularidades" observadas en la administración de CISSA, los inspectores recomendaron, además, la adopción de las medidas cautelares, que ya habían sido consideradas aplicables por la direción general en febrero de 1985. Sin embargo, nada se hizo hasta que, un año más tarde, el ministro de Economía ordenó la intervención de CISSA. Nueve días antes, la compañía había iniciado un proceso de autoliquidación, plegándose a lo que ya parecía inevitable.

Tras la intervención, y el consiguiente paso de CISSA a manos de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), organismo autónomo dependiente de la Dirección General de Seguros, la liquidación de la empresa de Muñoz Ramonet, sin duda la más importante de las intervenidas, ha seguido un camino particularmente lento. El resultado es que el patrimonio inmobiliario de CISSA permanece todavía intacto, al menos en sus tres cuartas partes.

Paralelamente a estas actuaciones, la CLEA presentó en la Audiencia Provincial de Barcelona una querella por presuntos delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y apropiación indebida contra Julio Muñoz Ramonet y otros 12 directivos de su empresa. Las diligencias abiertas como consecuencia de esa denuncia, que avanzaron poco en la capital catalana, fueron trasladadas hace aproximadamente un año a la Audiencia Nacional, donde actualmente siguen bloqueadas.

Tasación del patrimonio

Este bloqueo se debe a que el Ministerio de Justicia denegó, el pasado 23 de octubre, la suma de 1.400.000 pesetas necesaria para financiar una tasación del patrimonio inmobiliario de CISSA, solicitada el 30 de mayo de 1989 por el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5, que lleva el caso.

Los años transcurridos desde que la CLEA hizo sonar la alarma en la dirección general del ramo y un reciente fallo de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional han dado un giro radical a una situación que para Julio Muñoz Ramonet era más que comprometida. Por un lado, el patrimonio inmobiliario de CISSA ha experimentado una revalorización acorde con el boom registrado en España, y hoy la propia CLEA admite que los activos de la compañía superan con creces sus deudas. El tiempo ha hecho, así, desaparecer el importante agujero que tenía la empresa.