Japón concede mayores derechos a la población coreana

Japón ha decidido desprenderse de algunas rémoras de su para muchos política de discriminación con las minorías, concediendo mayores derechos a los cerca de 680.000 coreanos residentes y que representan el grueso de la población extranjera que vive en el país. Las presiones de Corea del Sur y las amenazas de su presidente, Roh Tae Woo, de aplazar una visita oficial a Tokio prevista para final de este mes han sido motivo para que el Gobierno japonés, encabezado por el primer ministro Toshiki Kaifu, otorgara el derecho de residencia permanente a los coreanos de tercera generación, los nietos de los que abandonaron Corea tras ser anexionada por Japón en 1910.

Los beneficiarios del acuerdo que suscribieron la pasada semana en Seúl los ministros de Exteriores de las dos naciones quedarán también eximidos de la obligatoriedad de imprimir sus huellas digitales en el carné de residente que todo extranjero mayor de 16 años debe poseer en Japón si desea permanecer más de tres meses y renovar periódicamente. Este documento, que no es exigible para el ciudadano japonés, y, en especial, -la prueba dactilar han despertado en los últimos 10 años un fuerte movimiento de protesta y de boicoteo por los propios coreanos y muchos misioneros occidentales, entre ellos dos españoles, que lo estiman un acto de discriminación.La rebelde actitud ha puesto a sus protagonistas bajo la amenaza de ser condenados a una multa de hasta 200.000 yenes (130.000 pesetas) o de un año de cárcel y eventualmente la expulsión del país, "aunque no se ha llegado a este extremo en ningún caso", según aseguran fuentes oficiales del Ministerio japonés de Justicia (llamado en realidad de Asuntos Legales). Sin embargo, el jesuita valenciano Vicente Bonet, de 54 años, profesor de Filosofia de la Universidad Sofía de Tokio, y el sacerdote vitoriano Jesús Alfonso Galerón, de 42, misionero de la orden de San Viátor en una parroquia de Kyoto, están técnicamente en la ilegalidad desde que hace cuatro años se negaron a imprimir sus huellas alegando objeción de conciencia cuando renovaron el permiso de residencia.

El caso de Bonet, que vive en Japón desde 1960, tuvo eco cuando surgió hace tiempo en los medios de comunicación locales. El religioso contó con el respaldo de profesores y universitarios y del nuncio apostólico. Las autoridades españolas intentaron sin éxito resolverlo por los canales diplomáticos. Ahora Bonet se halla en un dilema. Acaba de iniciar su año sabático en la universidad y tiene necesidad de salir al extranjero para efectuar una investigación, pero teme no poder regresar, como es su intención, y que las autoridades japonesas no le concedan el visado de entrada. Ha escrito al ministro de Justicia, Shin Hasegawa, y por toda contestación ha recibido una escueta comunicación administrativa en la que se le indica que su petición no procede.

Las vicisitudes de Galerón han sido mayores aún cuando acaba de obtener un permiso especial de residencia por tres anos. El sacerdote vasco, que vive en el país desde hace 12 años, fue sometido a varios extenuantes interrogatorios para persuadirle a imprimir sus huellas, y en uno de los últimos careos, hace aproximadamente un año y medio, fue hallado culpable en un juicio fantasma sin abogado, pero no ingresó en prisión.

La ley de extranjería japonesa nace en 1952 y tiene como fundamento el problema de los coreanos forzados a vivir en Japón después de la ocupación de su país en 1910 y de perder lógicamente su nacionalidad. Llegaron como esclavos y se vieron obligados a realizar los peores trabajos o a ser movilizados como soldados del Ejército imperial, arrastrando consigo el estigma de una raza inferior y el desprecio del pueblo japonés, que aún persiste.