80 presos africanos están en huelga de hambre en la prisión de Tenerife
Unos 80 reclusos extranjeros se encuentran en huelga de hambre desde el pasado miércoles en el centro penitenciario Tenerife-2, en protesta de la negativa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para tramitar la concesión de licencias de libertad condicional.La mayoría de los internos son jóvenes africanos de nacionalidad senegalesa, guineana y ghanesa, que recientemente han sido trasladados desde la prisión de Salto del Negro, en Las Palmas, al nuevo establecimiento penitenciario de alta seguridad en Tenerife. La prisión Tenerifé-2 alberga en la actualidad a unos 230 presos extranjeros, según confirmó la dirección del centro.
Joaquín García, director de la nueva cárcel tinerfeña, declaró a EL PAÍS que "los reclusos pretenden con esta medida de protesta que las autoridades competentes agilicen sus expedientes para alcanzar la libertad condicional y la autorización para finalizar las condenas impuestas en sus respectivos países de origen Según García, el estado de salud de los internos es satisfactorio, "ya que son diariamente examinados por los facultativos médicos de la prisión".
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha negado a sancionar las licencias de permiso de libertad condicional por entender que debe ser el tribunal que condenó a los internos el que otorgue el correspondiente permiso.
Los internos que secundan la protesta exigen que la tramitación de su libertad condicional se realice mediante el procedimiento utilizado hasta 1989, por el que un juez de vigilancia penitenciaria daba su visto bueno a los permisos, previo estudio de los informes elaborados por la Administración penitenciaria. En la mayoría de los casos, las licencias estaban acompañadas de una autorización para abandonar el país.
El director de la prisión Tenerife-2 señaló a este diario que "se ha confeccionado un informe sobre la situación de protesta que protagonizan los reclusos extranjeros y se ha enviado a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que intentará mediar, a pesar de que se trata de un asunto extrapenitenciario".
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