El juez investiga posibles falsedades y cohechos en la construcción de barcos
Un juzgado de Mondoñedo (Lugo) instruye un sumario por un presunto fraude en la construcción de embarcaciones de pesca, en el que, además de incluirse un presunto delito por falsedad documental, se investigan tres supuestas figuras delictivas más: falsedad, prevaricación y cohecho.
La presunta falsificación de documentos se detectó en la tramitación de certificados de desguace de barcos, con la firma supuestamente falsa de, al menos, ayudante de Marina de la Armada. La presunta estafa radicaría en el cobro indebido de subvenciones que otorga la Administración por el desguace y la construcción de embarcaciones de pesca. Y por último, la prevaricación y el cohecho implicarían presuntamente a algún funcionario.La práctica más habitual en las operaciones presuntamente fraudulentas consistían en la falsificación del compromiso de baja de un barco, con la posible intención de construir un nuevo, sin haber desguazado en anterior previamente. Más de 300 embarcaciones, con un registro bruto inferior a las 20 toneladas, engrosan el sumario, a raíz de la investigación que la Unión de Servicios Especiales de la Guardia Civil realizó en la práctica totalidad del litoral español, excepto Andalucía Oriental.
La firma de un muerto
Según fuentes relacionadas con el sumario, uno de los ejemplos más curiosos de esta larga lista de barcos sobre los que pesa algún documento presuntamente falso es la lancha Pasarín, de 2,42 toneladas de registro bruto, con base en el puerto lucense de Burela. La investigación dio como resultado un total de cinco compromisos de baja distintos, que acreditaban el desguace de esta embarcación, todavía hoy en activo.Entre otras anomalías detectadas, se ha llegado a descubrir un compromiso de baja de un barco, supuestamente firmada por su anterior propietario que, sin embargo, hacía 40 años que había fallecido.
El sumario de los barcos incluye declaraciones de responsables de una gestoría de Barcelona; las investigaciones relacionan también dos astilleros, uno ubicado en Gerona y otro en la ría coruñesa de Noia.
Desde el inicio de las diligencias, en noviembre de 1986, el presunto fraude ha adquirido una mayor trascendencia, al sospecharse que se pudieron percibir subvenciones presuntamente tramitadas con irregularidades. Por medio de estas ayudas, la Administración concedía dinero por el desguace de barcos y posterior construcción de otros nuevos con el mismo registro bruto. Resulta difícil calibrar el montante del supuesto fraude, aunque algunas fuentes consultadas barajan cifras cercanas a los 5.000 millones de pesetas.
