El Consejo de la Abogacía acusa al juez Manglano de "agraviar la libertad de defensa de los abogados"

El Consejo General de la Abogacía Española, que preside Antonio Pedrol Ríus, vertió ayer duras acusaciones contra el juez Luis Manglano en un comunicado en el que se afirma que la actitud del magistrado "agravió un derecho constitucional y la libertad de defensa de los abogados". Tal agravio se refiere al impedimento para que los detenidos del caso Naseiro designasen ahogado de su libre elección en vez de ser asistidos por un abogado de oficio. El comunicado señala además que Manglano informó públicamente de la existencia de indicios delictivos en la conducta de los detenidos.

El comunicado del Consejo de la Abogacía, aprobado por unanimidad, señala: "Desde el momento mismo de la detención, el juez de instrucción número 2 de Valencia convocó abundantes ruedas de prensa en las que, como juez del asunto, informó reiterada y públicamente que existían indicios delictivos en la conducta de los detenidos"."Tales acusaciones", prosigue la nota, "convierten inequívocamente a los Incomunicados en acusados, de acuerdo con el criterio antiformalista del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Debió, pues, reconocérseles el derecho de designación de libre abogado", añade la nota.

El criterio al que se refiere el Consejo de la Abogacía es "el derecho de cualquier acusado a contar con la asistencia de un abogado de su libre elección", consagrado en el Convenio de Roma de 1950 y recogido en el artículo 96 de la Constitución.

El Consejo de la Abogacía recuerda que las disposiciones de dicho Convenio "han pasado a formar parte de nuestro derecho interno y sus normas no pueden ser derogadas, modificadas ni suspendidas, lo cual las coloca en cualquier rango superior a cualquier artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Según el Consejo, ese derecho de libre designación de abogado les fue negado a los detenidos "sistemáticamente por el juzgado, quien además incumplió el mandato del artículo 10 de la Constitución, que le obligaba a interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales, de acuerdo con los convenios internacionales".

El comunicado del Consejo se solidariza con la protesta formulada por el Colegio de Abogados de Valencia, por haber rechazado el juez a los abogados elegidos por los detenidos del caso Naseiro y haber nombrado letrados de oficio.

Interpretaciones erróneas

En otro punto, recuerda que en 1987 una Asamblea de Decanos aprobó "que se extirpase del ordenamiento el artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que al designar obligadamente abogados de oficio a los incomunicados, se presta a interpretación errónea y lanza sobre la Abogacía la intolerable e indiscriminada sospecha de quebrantar la incomunicación cuando actúan como letrados designados".

El Consejo de la Abogacía se pronuncia, finalmente, a favor de "dar todo el amparo a las actuaciones de los defensores, quienes vienen actuando no sólo en el ejercicio de derechos, sino en el cumplimiento de deberes profesionales con sus defendidos y con la sociedad. Son otros y no los abogados defensores quienes deberían explicar cómo unas actuaciones declaradas secretas -que suponemos debidamente custodiadas en la oficina judicial- aparecen divulgadas desde el principio".

En este sentido, "cuando los defensores se encuentran con un juez y un fiscal que lanzan públicamente acusaciones contra sus clientes", se señala finalmente en el comunicado, "constituye deber profesional de esos defensores exponer, también públicamente, las circunstancias y opiniones de la defensa". Si los abogados no se pronunciaran públicamente sobre estas cuestiones, "dejarían que cristalizase, sin reacción por su parte, aquel clima de reproches contra sus clientes provenientes de las acusaciones del juzgado y de la fiscalía".

Silencio de los letrados

Por otra parte, los abogados defensores de los tres principales implicados en el sumario que afecta a los dos últimos tesoreros del PP -Javier Boix, defensor de Rosendo Naseiro; Luis Rodríguez Ramos, de Ángel Sanchís; y Manuel Cobo del Rosal, del concejal Salvador Palop- aseguraron ayer en otro comunicado que no harán nuevas declaraciones sobre este asunto "para proceder a un profundo estudio del sumario en aras de las defensas encomendadas", informa Efe.

En la nota los letrados agradecen a los medios de comunicación "su atención y su profesionalidad, especialmente mientras no se pudo ejercer el derecho de la defensa".