Aznar y Fraga conocían las prácticas investigadas en Valencia, según las cintas

La decisión del juez Luis Manglano de remitir al Tribunal Supremo las investigaciones del llamado caso Naseiro, sobre prácticas irregulares de cobro de comisiones, obedece al hecho de que al menos cuatro dirigentes del Partido Popular aparecen presuntamente implicados en los hechos por los que se han producido las actuaciones judiciales, según fuentes vinculadas directamente a las investigaciones. Tres de ellos son diputados, Ángel Sanchis, Arturo Moreno y José María Aznar, y el cuarto es el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, cada uno de ellos en distinto grado de presunta implicación o conocimiento de los hechos.

ANDREU MISSÉHasta el momento, la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo se había relacionado únicamente con el diputado Ángel Sanchís, ex tesorero del PP.Las mismas fuentes aseguran que el elevado número de veces que Aznar y Fraga son mencionados en las conversaciones telefónicas -que fueron intervenidas por orden judicial- y los conocimientos de gran número de hechos, que se les atribuyen en las mismas, han sido elementos determinantes para la remisión de todo el asunto al Tribunal Supremo.

Las mismas fuentes aseguran que "la profusión de datos obtenidos en las conversaciones telefónicas intervenidas ponen de relieve que las principales operaciones financieras efectuadas por el responsable de Finanzas del PP, Rosendo Naseiro y el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, eran perfectamente conocidas por los máximos dirigentes del partido".

Uno de los investigadores ha precisado que toda la información obtenida conduce a pensar que las operaciones encaminadas a obtener fondos eran conocidas por la dirección del PP. "Lo contrario sería como pensar", añade, "que el presidente de una empresa no sabe lo que hace su consejero delegado".

En las conversaciones intervenidas a Sanchís, Palop y Naseiro, se da cuenta de una presunta orden de José María Aznar, presidente del PP, para el cese de todo este tipo de operaciones financieras, a excepcion de las de cuantía más elevada. En la misma conversación se afirma que Aznar aconsejaba la limitación de las operaciones a los bancos de la más estricta confianza.

La orden de Aznar fue una medida de cautela, motivada por el escándalo que provocó el cese del conseller socialista de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco. Este hecho se produjo a finales del año pasado, por irregularidades cometidas presuntamente por funcionarios a su cargo. Las investigaciones consiguientes se efectuaron sobre adjudicaciones anómalas de obras.

Según las escuchas telefónicas realizadas, también ha trascendido una reunión celebrada en el Hotel Astoria de Valencia, en la que Ángel Sanchís menciona la satisfacción de José María Aznar por el trabajo realizado por Salvador Palop en la consecución de recursos.

La investigación ha puesto de relieve que, además de su cargo de concejal y responsable de compras en el Ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop actuaba como coordinador de los responsables de finanzas de los municipios controlados por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, lo que le da una relevancia en las investigaciones en curso, superior a lo que se pensaba con la información disponible hasta ahora.

Según las fuentes consultadas por EL PAÍS, la experiencia de Valencia había sido considerada como ejemplar y se planeaba la aplicación de estos mecanismos a otras comunidades.Referencias a Fraga

Las referencias a Manuel Fraga en las cintas son también numerosas. Pueden ser especialmente delicadas para el presidente de la Xunta de Galicia las que ponen de relieve un cierto enfrentamiento entre el líder histórico del PP y el equipo de Aznar, por el interés del primero de llevarse a Rosendo Naseiro a su equipo en la comunidad gallega. En estas conversaciones se alude a actuaciones anteriores en materia de financiación, cuando Fraga estaba al frente del partido.

Por otra parte, las mismas fuentes consideran que una hipotética renuncia de Angel Sanchís a su condición de diputado no significarían una vuelta de las diligencias al Juzgado de Valencia, ya que primero sería preceptivo averiguar las hipotéticas responsabilidades de los otros diputados por un órgano competente para ello, como es el Tribunal Supremo.

No obstante, Sanchís ha aclarado que, de momento, no piensa renunciar al escaño, aunque probablemente abandonará definitivamente la política cuando se aclare todo el asunto en que aparece presuntamente implicado.