Manglano investigó las actuaciones sobre la principal zona de expansión urbana de Valencia

Los movimientos realizados por distintas empresas constructoras e inmobiliarias en la zona de la avenida de Francia de Valencia, principal área de expansión urbana de la capital, fueron seguidos por el juez del llamado caso Naseiro, Luis Manglano, a la búsqueda de posibles delitos de cohecho. Diversas fuentes relacionadas con el caso han señalado que Manglano tiene evidencias de que la empresa Dragados y Construcciones está interesada en redactar el Plan de Actuación Urbanística (PAU) de esta zona, donde van a construirse más de 3.000 viviendas.

El volumen de negocio que supondrá la urbanización y edificación de esta área se estima en medios inmobiliarios en cerca de cuarenta mil millones de pesetas, por lo que se ha convertido en uno de los principales focos de actividad del sector en la capital valenciana.Las mismas fuentes han señalado que en las grabaciones de las conversaciones telefónicas de algunos de los implicados, custodiadas ahora en el Tribunal Supremo. se habla de que el Partido Popular (PP) iba a recibir una comisión de 100 millones de pesetas si votaba a favor de la oferta que la empresa Dragados y construcciones tenía previsto presentar al concurso para la redacción del Plan de Actuación Urbanística (PAU).

Las bases para el desarrollo urbanístico de la Avenida de Francia, que está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana como área de suelo no programado, fueron aprobadas precisamente por el Ayuntamiento de Valencia el pasado día 10 de abril, con el voto favorable de todas las fuerzas políticas.

El día anterior había estallado el caso Naseiro, con la detención por un presunto delito de cohecho de siete personas; entre ellas el ex tesorero del PP, Rosendo Naseiro, el concejal del mismo partido en Valencia, Salvador Palop, y el delegado de la empresa Dragados y Construciones, Luis Janini.

Posiciones ventajosas

El hecho de que el área de la Avenida de Francia carezca todavía de unas normas de actuación urbanística no ha sido obstáculo para que las pricipales empresas del sector de la construcción con sede en Valencia se hayan lanzado a tomar posiciones ventajosas de cara a un futuro próximo. Esta zona, situada en la margen izquierda del río Turia, tiene una superficie de 431.000 metros cuadrados. Según el Plan General, está previsto la construcción en ella de un máximo de 3.234 viviendas.En medios inmobiliarios de la capital levantina se estima que la promoción de esta zona significará, según los precios de mercado actuales, un volumen de negocio cercano a los 40.000 millones de pesetas. Estas características la convierten en uno de los mayores proyectos urbanísticos de la capital valenciana desde hace diez años.

Las bases aprobadas el día 10 señalan que la finalidad del concurso es otorgar a una empresa o a una agrupación de ellas la formulación del Plan de Actuación Urbana (PAU) y su posterior ejecución. Uno de los principales criterios para conceder la adjudicación del PAU será que la sociedad o sociedades postulantes tengan la titularidad de al menos un 30 por ciento de los terrenos.

Fuentes del Ayuntamiento de Valencia han asegurado que la empresa Dragados y Construcciones lleva comprando terrenos en esta zona desde hace varios años. Sin embargo, un portavoz de la compañía declinó confirmar o negar tal extremo, alegando que esta cuestión "está sub judice".

Pactos obligados

La fragmentación de la representación política en el Ayuntamiento de Valencia obliga al equipo de Gobierno del PSOE a pactar con otras fuerzas municipales la mayoría de los proyectos, al igual que tendrá que hacerlo con la adjudicación del PAU de la Avenida de Francia. Este hecho explicaría, según fuentes relacionadas con el llamado caso Naseiro, que la presunta comisión de cien millones de pesetas se le ofreciera al Partido Popular. El consistorio está integrado por 13 concejales del PSOE; siete, del PP; siete, de Unión Valenciana; dos del CDS; dos de Esquerra Unida-UPV; y dos, del Mixto.Por otro lado, la junta directiva de la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas acordó por unanimidad, en la reunión del pasado martes día 24, expresar su absoluto respeto a la independencia de las actuaciones judiciales practicadas en el llamado caso Naseiro. "Esta independencia", señala el comunicado, "constituye una garantía de los derechos fundamentales y de las libertades públicas".