1.500 ancianos andaluces están en lista de espera para conseguir una plaza en residencia pública

Mil quinientos ancianos andaluces se encuentran en lista de espera para acceder a las residencias públicas, que disponen de 2,4 camas por cada 100 personas mayores de 65 años, menos de la mitad de la media europea. La Junta de Andalucía no ejerce ningún control sobre las residencias privadas de ancianos -que suponen casi el 75% de las existentes en la región-, al carecer de una normativa de inspección y vigilancia de estos centros. No se examinan las instalaciones y la cualificación profesional del personal a su cargo. Tampoco se comprueba el buen trato a los ancianos ni la calidad de las prestaciones.

La asistencia a los ancianos es uno de los campos sociales menos vigilados. El control oficial es ínfimo y son frecuentes los abusos y los casos de picaresca. La indefensión que padece este sector de la sociedad, históricamente relegado al olvido y la desmemoria, le convierte en blanco ideal de timadores y amigos del negocio fácil.El descubrimiento de malos tratos en un centro privado de Cataluña -catalogado como de lujo- y su difusión a través unas terribles imágenes fotográficas, convulsionó la conciencia de la opinión pública y suscitó una tremenda duda acerca de lo que ocurre detrás de los muros de las residencias. En Andalucía, donde están censados 900.000 ancianos; nadie lo sabe con exactitud. El Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS) de la Junta, de reciente creación, no tiene todavía control de los cuidados a residentes de organizaciones privadas, que son mayoría (cerca del 75%), y limita su responsabilidad a las entidades de titularidad pública, según su director, Miguel Ángel Polo.

No hay comprobaciones

En la actualidad, no se examinan las instalaciones, ni existe un baremo que especifique cuáles son las dotaciones especiales que deben tener las residenclas. Tampoco se comprueba si el personal a su cargo posee la cualificación profesional adecuada o si es suficiente en número. La clausura de centros camina al ritmo de las denuncias, bien por la vía judicial o por la sanitaria, en el caso de que se detecten condiciones de insalubridad.Éste último procedimiento ha sido utilizado en Sevilla por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a principios de año, para cerrar uno de los centros de la Fundación Magnífica, contra el que se había presentado una denuncia a raíz de la muerte de una anciana. En el fallecimiento no se encontraron responsabilidades penales. Sin embargo, sí se constataron deficiencias sanitarias.

No obstante, la Junta de Andalucía está preparando a marchas forzadas un decreto de inspección regular, al tiempo que ha abierto un registro de acreditación de entidades sociales, de manera que una vez agotado el plazo de inscripción, ninguna organización que no tenga la debida licencia pueda dedicarse a estas actividades.

En lo que se refiere al sector público, los asilos y residencias de ancianos están gestionados por los ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta. Progresivamente, a través de la ley de Diputaciones, los servicios sociales de la comunidad autónoma se transferirán a los municipios, de forma que la Consejería de Salud se reservará la potestad de marcar las directrices y las normas generales.