El fiscal militar pide tres meses de cárcel para el coronel que amuebló su casa a cargo del Ejército

El fiscal del Tribunal Militar Central, general Manuel Areal Álvarez, pidió ayer tres meses de cárcel para el coronel médico Manuel Santaúrsula Puerta, director del hospital Militar de Melilla hasta noviembre de 1988, por un delito contra la hacienda militar presuntamente cometido al amueblar el pabellón en el que vivía con fondos del Ejército.

Al término del juicio celebrado ayer en Madrid, el fiscal militar realizó un elogio de la trayectoria profesional del acusado y destacó que la pena solicitada por él era la mínima prevista en el artículo 190 del Código Penal castrense, que castiga con hasta dos años de prisión al militar que "empleare para sus fines particulares elementos asignados al servicio"." La ley es la ley, aunque resulte dura", manifestó el general Areal para justificar su petición de condena, basada en buena parte en la negativa del coronel Santaúrsula a atender los requerimientos que le hizo el capitán Blanco García, encargado de la administración del hospital, para que devolviera los muebles.

Por su parte, el abogado defensor, Gonzalo Muñiz, aseguró que el parte presentado por el capitán Blanco, origen del proceso judicial, estuvo provocado por su animadversión personal hacia el coronel y pidió la absolución de su cliente, argumentando que en i este caso "o no hay delito o no

hay culpable".

El defensor dedicó buena parte de su alegato a demostrar que "todos los jefes de cuerpo destinados en Melilla tienen el pabellón amueblado con cargo a sus respectivas unidades"; en contra de lo manifestado en un escrito por el titular de la Comandancia General de Melilla, quien dictaminó que, según la reglamentación vigente, esta prerrogativa sólo corresponde al propio comandante y al segundo jefe.

El coronel Santaúrsula fue destinado a Melilla en octubre de 1987 y permaneció al frente del hospital militar de dicha plaza hasta que, en noviembre de 1988 pasó a la reserva activa. El parte abierto en su contra le impidió, según su testimonio, ascender al generalato.

Varios de los testigos declararon que los muebles instalados en el pabellón del coronel, por un valor aproximado de tres millones de pesetas, iban destinados a unas dependencias del centro hospitalario que se encontraban entonces en obras.

El director del hospital planteó a la junta económica su deseo de que, mientras acababan los trabajos, el mobiliario se instalara en su domicilio, en vez de permanecer en un almacén, a lo que ninguno de los miembros de la misma se opuso.

Esta versión fue, sin embargo, puesta en duda por el presidente del tribunal, quién cuestionó cómo las cortinas, incluidas en el mobiliario, podrían servir para un emplazamiento distinto al que se instalaron y preguntó a un testigo si fue el coronel quien confeccionó la relación de muebles a comprar, a lo que éste contestó positivamente. El defensor sostuvo que "no ha habido hasta ahora ni un solo caso de procesamiento de un militar por utilizar mobiliario de propiedad oficial".