El examen anual
El informe del FMI sobre la evolución de la economía es esperado cada año por los responsables gubernamentales con expectación porque constituye, en la medida en que sustenta las tesis oficiales, un apoyo importante a la hora de argumentar la política económica llevada a cabo. El informe de este año se diferencia del correspondiente al año pasado, como reconocen fuentes de la Administración, en que "apenas se nos felicita por actuaciones concretas mientras que hace. un año esto ocurría en numerosas ocasiones".Pero esta ausencia de felicitaciones, salvo en la liberalización comercial y la reforma del sistema financiero en los que "España ha realizado incluso mayores progresos que sus socios comerciales", no empaña el hecho de que el informe avala la práctica totalidad de la política económica llevada a cabo por la Administración en el ejercicio pasado y lo que quiere poner en marcha ahora. El pacto de la competitividad, negado recientemente por los sindicatos mayoritarios, es definido por el FMI como el instrumento básico para poder llegar a 1992 en buenas condiciones.
Pero la buena nota de este año se extiende a cuestiones que, teóricamente al menos, vulneran los principios de liberalización sobre los que se asientan los informes del FMI.
La restricción crediticia impuesta por las autoridades españolas, por ejemplo, para frenar la demanda interna no es criticada por los expertos del Fondo, que se limitan a señalar su satisfacción por el anuncio de que no se prolongarán más allá de finales de este año.
En línea con la ortodoxia que el FMI deja traslucir en sus textos, el informe destaca favorablemente la nueva regulación que limita estrictamente el gasto público a la cifra aprobada por las Cortes, ya que ello significará reducir las desviaciones de años anteriores entre lo previsto inicialmente y lo que resulta al final, y la limitación al endeudamiento del Tesoro con el Banco de España.
