Encuentros en la segunda fase

La economía española se enfrenta a una segunda fase, la primera tras la transición democrática, y ésta con la vista puesta en el mercado único europeo sin fronteras. El Gobierno ha ofrecido un lugar de encuentro con las fuerzas políticas y sociales para modernizar la economía española, mientras se trabaja en un plan económico a medio plazo con objetivos situados en un déficit público cero para 1992, reducir la inflación a la mitad y moderar el crecimiento económico.

Las situaciones históricas son irrepetibles. Pero si hubiera que comparar, el acuerdo para modernizar la economía española que ahora se propone se asemeja, a vista de pájaro, a la situación que engendró, hace ya algunos años, los llamados Pactos de la Moncloa.En los primeros pasos de la transición democrática, con una inflación galopante, se buscó el respaldo político a un compromiso con los sindicatos para negociar los aumentos salariales en base a la inflación prevista y no en relación a la pasada.

El camino no fue precisamente de rosas, pero al cabo del tiempo, la economía española ha terminado por reducir la inflación a tasas más razonables y ha generado puestos de trabajo. Con este importante activo, ahora se pide un nuevo esfuerzo ante la cuenta atrás que termina en 1993, con una Europa sin fronteras.

Las fuerzas políticas, con más o menos reticencias, se han apuntado a este reto, por otro lado, los empresarios también llevaban ya algún tiempo haciendo sonar esta campana, pero los sindicatos siguen mostrándose reacios.

Por el momento, el Gobierno no ha concretado su oferta de diálogo más allá de cuatro ideas básicas. Los técnicos del Ministerio de Economía preparan estos días un nuevo programa económico a medio plazo, que se hará público después de Semana Santa y en el que han marcado un escenario con importantes objetivos hasta 1992.

La idea básica es que la economía española no puede seguir creciendo al 5% mientras que la demanda interna lo hace al 7,7%, porque ello crea grandes desajustes que se traducen en inflación y en déficit exterior, y ello, a su vez, resta competitividad a la economía española.

El país consume más de lo que produce y necesita hacer importaciones y, a la vez, una demanda pujante hace tirar para arriba los precios.

El problema no sería grave si ocurriera aquello del mal de muchos. Pero la cruda realidad indica que en la Europa de los doce la economía está creciendo de manera más equilibrada en tasas del 3,4%, y la demanda interna, en un 3,8%. El resultado es que la inflación media de los doce países, comunitarios está en el 4,8%, y en España, en el 6,9%.

Con una situación así prolongada en el tiempo, acabará siendo más barato comprar productos de importación que hacerlo en España, sobre todo cuando desaparezcan definitivamente las barreras arancelarias.

A su vez, las exportaciones no serán competitivas en precios, y la peseta se encuentra ya inmersa en los cauces del Sistema Monetario Europeo.

Los primeros análisis que realiza el Ministerio de Economía apuntan a que en 1992 el déficit público debe ser cero, objetivo que ya fue asumido por el Gobierno hace más de un año.

De esta forma, existiría un equilibrio entre lo que el Estado ingresa a través de los impuestos y lo que se gasta en alimentar su propia maquinaria, en inversiones y en servicios públicos.

Con este balance de saldo cero, el Estado no sería un factor de calentamiento de la economía, tendencia ya iniciada en los últimos años, gracias a unas moderadas inversiones -para lo que el país necesita- y al incremento de la recaudación.

Moderación salarial

El otro objetivo es que la inflación se rebaje a la mitad, en una tasa que podría situarse en el 3%, en línea con los países más moderados de la Comunidad Europea.Para ello, el Gobierno considera que uno de los aspectos fundamentales es moderar los salarios de forma que no pierdan poder adquisitivo, pero que se mantengan al paso de la inflación prevista. Lograr un compromiso con los sindicatos de forma que la inflación vuelva a ser punto de referencia es el freno que pretende poner el Gobierno.

Este año puede darse prácticamente por perdido, ya que se están negociando incrementos salariales del 8,5%, cuando el Gobierno ha fijado su objetivo de inflación en el 5,7%.

Esta diferencia obligará a ajustes más severos en otros componentes de la demanda, sobre todo la inversión, a través de mayores restricciones monetarias, lo que ya se está notando en un menor ritmo de creación de empleo. Pero también en el gasto público, lo que redundará en un mayor atraso de la economía española en infraestructuras y servicios públicos.

Causa-efecto

Los sindicatos niegan que exista una relación de causa efecto entre los males de la economía española y los aumentos salariales. Señalan que los beneficios empresariales han crecido más que los salarios y que el problema de la inflación es estructural, es decir, derivado de unos canales de comercialización oligopolistas y de una deficiente oferta pública que contrarreste la presión de los precios que marca el sector privado.En cuanto al crecimiento económico, el objetivo es solamente moderarlo (al 4%), ya que sigue existiendo una brecha importante entre la capacidad de generación de empleo en estos momentos de la economía española y la de la media comunitaria. Así, en España la tasa de paro fue el pasado año del 16,7%, mientras que en la Comunidad Europea el porcentaje de parados que se registró en ese mismo tiempo sobre la población activa es del 7,8%.

Un mayor auge de la inversión y una reducción de la demanda interna a la mitad, de forma que se acompase con el ritmo de crecimiento económico, permitirían reducir considerablemente los desequilibrios de la inflación y el déficit exterior, los dos grandes problemas con los que se enfrenta nuestra economía en los últimos años.