Dos presuntos activistas
de Terra Lliure, Marcel lí Canet y Sebastiá Datzira, negaron ayer su participación en la colocación de un artefacto en el juzgado de Les Borges Blanques (Lérida), que provocó la muerte de una mujer, atentado por el que el fiscal de la Audiencia Nacional solicitó sendas penas de 29 años de reclusión por un delito de estragos.
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