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El Gobierno quiere un pacto de legislatura con el CDS, el PNV y CiU

El Gobierno establecerá un pacto de legislatura, aunque quizá sin formalizarlo en un acto protocolario, con el CDS, CiU y el PNV, según anunciaron ayer la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, por un lado, y el presidente del CDS, Adolfo Suárez, por otro. El Gabinete quiere materializar la oferta realizada el jueves por Felipe González, para que el acuerdo perdure durante los próximos cuatro años.

Los ministros permanecieron ayer reunidos en la Moncloa, tras la sesión de trabajo de los viernes, para comentar el debate parlamentario sobre la cuestión de confianza, y la conclusión, según Rosa Conde, es que se ha puesto fin a la provisionalidad politica del Gobierno, para dar paso a una legislatura "del diálogo y del consenso". "Este ánimo va a perdurar toda la legislatura, al menos esa es la voluntad del Ejecutivo", añadió la ministra.

En este sentido, anunció que Felipe González se reunirá, con motivo de preparar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CE de últimos de mes en Dublín, con todos los portavoces parlamentarios que lo deseen, tras Semana Santa.

Entre tanto, Adolfo Suárez, presidente del CDS, también dio ayer a entender en un acto público de su partido su voluntad de que exista este pacto de legislatura. Ambos partidos han acordado establecer después de Semana Santa comisiones de trabajo, para estudiar asuntos que requerirán posteriormente tratamiento legislativo, y sobre los que ambos partidos buscarán "una síntesis" de sus respectivos programas electorales.

El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, ha mantenido conversaciones con el presidente del CDS, Adolfo Suárez, y ambos acordaron "sistematizar" el trabajo en común, según informaron fuentes de la Ejecutiva socialista, que manifestaron su interés por afianzar la política de acuerdos con el CDS, PNV y CiU

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Por el contrario, un día después del debate parlamentario el PSOE y el PP han puesto en duda la voluntad de cada cual, de llegar a acuerdos. El primero en denunciarlo abiertamente fue el dirigente del PP y vicepresidente segundo del Congreso, Federico Trillo, basándose en la negativa del Gobierno de facilitarle datos sobre beneficios penitenciarios a presos de ETA y criticar al Ejecutivo "por su forma de entender el pacto".Trillo presentó ayer al presidente del Congreso, Félix Pons, un escrito de amparo para que interceda por él ante el ministro de Justicia, quien argumenta que la divulgación de esos datos "resultaría altamente peligrosa para la integridad física de los implicados".

Trillo pretende saber la identidad de los 102 presos de ETA que, según reveló Enrique Mújica, disfrutan de permisos, así como los delitos por los que están condenados. Este dirigente del PP sospecha que la política de reinserción no se está cumpliendo adecuadamente.

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