UGT congela el proyecto de sustituir la huelga en los transportes públicos por el servicio gratuito para los usuarios

UGT no va a emplear, por el momento, el sistema de no cobrar a los viajeros en lugar de hacer huelga, como medida de presión en los conflictos colectivos del transporte público. La medida se enfrentaría con numerosos problemas legales, ya que los taquilleros; o interventores que no cobraran podrían ser objeto de sanciones. Esa posibilidad fue estudiada por la ponencia de acción sindical del quinto congreso de la Federación de Transportes y Telecomunicaciones, que terminó ayer en Barcelona.El congreso se celebró en un clima de tensión entre dos tendencias, encabezadas por Victoriano Sánchez y Pedro Muñoz. Victoriano Sánchez fue reelegido secretario general con 29.922 votos, mientras que Pedro Muñoz lograba 20.081 votos.

La ponencia de acción sindical no llegó a ninguna conclusión sobre la posibilidad de prestar servicio gratuito en vez de hacer huelga, por lo que este sistema de presión no va a aplicarse de forma inmediata, según afirmó el secretario de acción sindical de la Federación, Manuel García Taguas, quien aseguró que el debate no está todavía cerrado. CC OO ya mostró su oposición en el momento en que UGT dio a conocer que debatiría ese punto.

Los problemas jurídicos han impedido a UGT tomar una decisión. La aplicación de los reglamentos actuales podría suponer sanciones a los interventores o taquilleros que no cobraran. "La UGT no puede pedir a los trabajadores que efectúen acciones de protesta sin calibrar sus consecuencias. Por eso, no vamos a poner en marcha ese sistema", explicó Manuel García Taguas. Tampoco está clara la legalidad de esta medida, que iría más allá del estricto derecho a dejar de trabajar en caso de huelga.

García Taguas añadió que "la propuesta de UGT sólo podría ser llevada a la práctica en el caso de un acuerdo previo con el Gobierno sobre la autoregulación de la huelga por parte de los sindicatos mayoritarios". En ese caso, UGT y CC OO podrían decidir libremente la conveniencia del servicio gratuito, sin temor a las sanciones de las empresas, ya que los servicios mínimos o los sistemas utilizados para presionar a las empresas serían fijados por los sindicatos. La autorregulación es uno de los temas que entran en la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) que están negociando sindicatos y Gobierno.

La propuesta de sustituir la huelga por la gratuidad en el servicio choca también con problemas ideológicos. Que sólo hiciera huelga una parte de las empresas llevaría a una sectorialización "que todavía no sabemos si iba a ser buena para el sindicalismo", declaró García Taguas. En ese caso, habría el riesgo de entrar en una espiral de huelgas por colectivos limitados dentro de las empresas.

Eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con la proliferación de sindicatos corporativos, como ASETMA en Iberia o SEMAF en Renfe, que han ocasionado importantes perjuicios a las empresas y los usuarios. García Taguas afirmó que ese tipo de actuaciones ha perjudicado la imagen de los sindicatos.

Los delegados del congreso de Transportes reeligieron por escaso margen de votos a Victoriano Sánchez como secretario general, frente a la candidatura alternativa presentada por Pedro Muñoz. El escrutinio de los votos fue muy accidentado y se prolongó durante toda la tarde. Al final, no votaron las delegaciones de Toledo y Ceuta, y hubo problemas con las de Asturias y Tenerife, que habían introducido sus papeletas en urnas cambiadas. La principal diferencia entre ambas tendencias estriba en la sectorialización de la estructura del sindicato.