Jugar con el fútbol

LA INCAPACIDAD del fútbol español para administrar con rigor sus recursos ha provocado el último debate entre los clubes y la Administración, enfrascadas las dos partes en un contencioso sobre la verdadera magnitud de una deuda imponente -24.000 millones de pesetas, según la Liga de Fútbol Profesional; 33.000 millones, según el Consejo Superior de Deportes- y los métodos para acabar con una sangría económica que ha colocado a varios equipos en la quiebra técnica.Creado en 1985, el primer plan de saneamiento del fútbol para cubrir en 10 años los cerca de 20.000 millones de deuda acumulados está a punto de alcanzar la mitad del plazo inicialmente previsto y ni siquiera hay acuerdo entre los clubes y la Administración sobre el montante real de la deuda. Mientras tanto, algunos presidentes perseveran en la acción económica que ha conducido a este paisaje desolador y la Administración mantiene esa graciosa actitud de distanciamiento que permite la supervivencia de sociedades ruinosas en un país en el que se pide a sus ciudadanos que se identifiquen cívicamente con Hacienda. La demagogia de los hechos deviene al comprobar cómo entidades culturales con problemas financieros muy inferiores son aniquiladas sin vacilación.

La Administración ha redactado una nueva ley del Deporte que obliga a los clubes profesionales a transformarse en sociedades anónimas, pero el principal problema que afecta a dicha reconversión descansa en cómo conseguir repartir un capital social en acciones si contablemente muchos clubes reflejan una situación cercana a la quiebra. Pese a ello, nada parece alterar a nuestros gobernantes cuando un presidente admite que su club tiene una deuda de 2.000 o 3.000 millones y después anuncia orgulloso el fichaje multimillonario de un jugador. Todo permite deducir que la benevolente actitud de la Administración ha alimentado la gestión de unos dirigentes futbolísticos que no se quemarán nunca las manos porque gastan pólvora ajena.

Los clubes, que afrontan con temor y diligencia sus compromisos ante los acreedores privados, desprecian sus obligaciones con los organismos públicos, sabedores de la ausencia de una reglamentación que delimite las responsabilidades de los gestores de las sociedades futbolísticas y convencidos de la permisividad de la Administración con su actividad económica. Una política rigurosa y exigente con las deudas del fútbol conlleva, evidentemente, una importante dosis de impopularidad.

El fracaso del plan de saneamiento ha sido colosal y sólo ha servido para aumentar el déficit, un aumento que se ha producido, paradójicamente, en un período en el que los clubes han visto ampliados enormemente sus ingresos, sea porque disponen de un 2,5% de la recaudación bruta de las quinielas -que han acusado un irreversible descenso en competencia con otras apuestas-, sea porque los derechos de televisión les permiten disfrutar de un contrato que supone unos ingresos de 21.000 millones de pesetas en cinco años. Esta inyección de dinero, al parecer insuficiente, no ha mejorado en absoluto el balance de las cuentas de nuestros clubes, una contradicción que hace sospechar por igual de la falta de eficacia de algunos dirigentes futbolísticos y de la ausencia de una verdadera determinación de nuestros gobernantes para acabar con esta situación intolerable. Hacienda somos todos, incluidos los clubes de fútbol y la propia Administración.