El socialista Díaz Porras cobró dietas millonarias como presidente de la Caja Rural de Cantabria

El Tribunal de Cuentas ha enviado un informe al Congreso de los Diputados según el cual el presidente de la Caja Rural de Cantabria entre 1984 y 1988, Ciriaco Díaz Porras, militante del PSOE, cobró dietas indebidas de 20.000 pesetas diarias, incluso después de ser requerido por el Banco de España para que dejara de hacerlo y reintegrase el dinero. El alto tribunal advierte un "general incumplimiento de los objetivos del plan de saneamiento, que resultó ineficaz a pesar del importe de las ayudas recibidas" por la extinta caja rural. .

El Tribunal de Cuentas ha realizado una fiscalización de las cuentas y de la gestión económica de la Caja Rural de Cantabria a petición, en junio de 1987, de la Asamblea regional de esa comunidad autónoma, en la que tenía mayoría el Partido Popular. El resultado fue remitido el día 2 de noviembre de 1989 al Congreso de los Diputados y está pendiente de examen en la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, constituida el pasado día 13.El informe describe la anómala percepción de retribuciones por parte del presidente del consejo rector de la citada caja, sin citarle por su nombre, Ciriaco Díaz Porras, militante del PSOE desde 1982 y presidente del Consejo de Administración del diario Alerta. Durante más de un año y medio, Díaz Porras polemizó con el Banco de España y el Ministerio de Economía, que sucesivamente desautorizaron las retribuciones que recibía mientras que éste demoraba el cumplimiento de las instrucciones o las soslayaba,, apoyado en acuerdos de dudosa validez de la asamblea general de la caja rural.

El comité ejecutivo del Banco de España advirtió en octubre de 1984 que "no se ajustaba a derecho" la retribución que en septiembre de 1983 el consejo rector de la Caja Rural de Cantabria asignó a Díaz Porras, tras atribuirle indebidamente facultades propias de director general.

El Banco de España le ordenó que cesara en el cobro de las cantidades que percibía, a la vez que encargó al consejo rector de la caja que adoptase las medidas necesarias para que Díaz Porras reintegrara lo Indebidamente percibido. Este organismo dejó en suspenso las retribuciones, pero no reclamó reintegro alguno hasta que se resolvieran los recursos legales planteados.En noviembre de 1984, la asamblea general de la caja acordó no reclamar el dinero a Díaz Porras, "por considerar que si se hiciera se produciría enriquecimiento injusto de la entidad", según el relato del Tribunal de Cuentas, e inclusó decidió indemnizarle, en concepto de dietas, gastos y lucro cesante, desde el 22 de julio de 1983 al 27 de octubre de 1984. Ocho meses después, la subdirección general de recursos del Ministerio de Economía comunicó a la caja rural que desestimaba el recurso de alzada y confirmaba las órdenes del Banco de España.

A juicio del Ministerio de Economía, constituía una infracción dar al presidente de la caja facultades de gestión directa y vulneraba las leyes la asignación a Díaz Porras de una retribución fija y periódica. Según la legislación, sólo podía cobrar dietas o indemnizaciones por gastos en el ejercicio del cargo.A pesar de estas advertencias, la asamblea de la caja acordó el 24 de agosto de 1985 abonar al presidente dietas por asistencia de 20.000 pesetas por día, desde el 22 de julio de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1984, así como la misma cantidad y por el mismo concepto por asistencias durante 1985. Un acuerdo que permitía a Díaz Porras cobrar más de 10 millones de pesetas.Tres meses después, los servicios jurídicos del Banco de España comunicaron a la caja que las dietas establecidas no podían ser aceptadas porque infringían de nuevo la ley y soslayaban el requerimiento que el propio banco ya había hecho un ano antes. El consejo rector de la caja alegó que tras recibir este requerimiento dejó de abonar "gastos de representación" y el presidente devolvió la cantidad percibida por ese concepto.Fraude de ley

El 8 de enero de 1986, el consejo ejecutivo del Banco de España comunico a Díaz Porras que las nuevas "dietas de asistencia" que le había concedido la asamblea general de la caja en agosto de 1985 suponían un fraude a la ley. El Banco de España reclamó al presidente de la caja que reintegrara las cantidades que había percibido en virtud de dicho acuerdo.

Tres meses después, y al igual que en ocasiones precedentes, la asamblea general de la caja aprobó dejar en suspenso el pago de las dietas y presentar recurso de alzada contra la devolución de las cantidades abonadas hasta el 31 de diciembre de 1985.

Un incremento rechazado por el Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito, "por cuanto [la caja rural] había recibido apoyos financieros del fondo que habían de servir para los fines concretos de saneamiento de la entidad y nunca para retribuir fuera de lo normal a cargos que por su naturaleza, por ley y tradicionalmente son gratuitos".

El Tribunal de Cuentas concluye su informe indicando que ,,en la documentación analizada se ha observado que el presidente de la caja ha seguido recibiendo retribuciones de la misma con posterioridad a los requerimientos del Banco de España en orden a la devolución de lo anteriormente percibido". Remuneración que siguió cobrando hasta la adquisición de la caja rural por la Caja de Ahorros de Madrid y la Caja de Pensiones de Cataluña, en diciembre de 1987.