Incertidumbres y problemas

LA PUBLICACIÓN del índice de precios al consumo (IPC) ha provocado reacciones exageradas y a menudo contradictorias. Es cierto que el 0,15% de aumento en un mes como el de febrero no es una buena noticia, y así ha sido reconocido por todos, incluido el propio ministro de Economía. Pero de ahí a decir que todo se ha perdido en la lucha contra la inflación hay un trecho que muchos han recorrido con dernasiada premura.Cuando se corrigen las variaciones estacionales, el aumento en los dos primeros meses del año ha sido de un 1,1%; se trata de un incremento que, aunque se sitúa por encima de las previsiones del Gobierno, no lo es tanto como para tirar la toalla. Máxime cuando ha sido la propia Administración la que ha echado leña al fuego inflacionista gracias a los aumentos de precios administrados que se han producido en los dos primeros meses: alquileres, seguros y electricidad acaparan una parte de la responsabilidad de las alzas.

Al examinar con algún detalle los diferentes apartados del IPC, pronto se constata que los principales aumentos se centran en la rúbrica de los alimentos sin elaborar y los servicios; los primeros muestran un aumento del 10,1% en un año, mientras que los segundos registran un crecimiento del 8,9%, Curiosamente, el precio de los alimentos sin elaborar descendió en febrero un 1,2%, piero la comparación con 1989 se resiente por haber descendido los mismos precios un 3,3% el año pasado. En cuanto a los precios de los bienes industriales incluidos en el IPC, el crecimiento en tasa anual permanece situado desde hace unos meses en torno al 4,1%, lo cual es una tasa relativamente razonable. Es cierto que es en este apartado donde influye más la competencia exterior, ya que en los servicios o en los alimentos sin elaborar la incidencia es prácticamente nula.

A la luz de estas cifras puede afirmarse que la reacción, tanto de las centrales sindicales como de la bolsa, ha sido claramente exagerada. El peligro ahora es que, dado el período de negociación de convenios en que nos encontramos, entremos en una espiral de precios y salarios de la que sería muy dificil salir. Tan absurdo es pensar que los salarios no repercuten en los precios (teoría muy en boga en tiempos del ministro, José Antonio Girón) como que los beneficios son inocuos a la hora de fijar los mismos. Tanto los salaríos como los márgenes empresariales figuran en el precio final de los artículos, y si se quiere preservar el crecimiento del empleo habrá que hablar seriamente de ambas magnitudes.

Que el Gobierno haya perdido credibilidad por las desviaciones que han tenido lugar en los últimos años entre la inflación prevista y la real no es razón suficiente como para rechazar de plano todas las previsiones, incluso las razonables. Máxime cuando la mayoría de los convenios contiene cláusulas de salvaguardia del poder adquisitivo. El problema de fondo consiste en el reparto de la productividad, en encontrar los mecanismos que puedan garantizar un sistema adecuado de discusión de estos problemas tanto en el nivel más general como en el concreto de cada empresa. La bolsa parece haber descontado lo peor, como si los datos de coyuntura recientemente aparecidos dibujasen un horizonte sombrío y sin perspectivas.

Las cosas no son, por fortuna, tan negras. Los datos del paro registrado correspondiente al mes de febrero demuestran, una vez corregidas las variaciones estacionales, que el desempleo sigue disminuyendo, aunque no tanto como en meses anteriores. El crecimiento de la demanda interna parece haberse desacelerado hasta tasas más compatibles con los principales equilibrios macroeconómicos, si bien la cuestión que puede plantearse es la de saber si la desaceleración ha sido de la suficiente amplitud como para garantizar un crecimiento equilibrado de la economía. A la luz de lo sucedido en el comercio exterior, la respuesta más bien parece negativa, lo que sugiere la necesidad de practicar una política presupuestarla más restrictiva que la que se deduce de los Presupuestos Generales del Estado.

El ajuste de la economía atraviesa por una reasignación de recursos desde el consumo hacia la exportación, de tal manera que el proceso inversor se mantenga en sus líneas esenciales. Para conseguir este resultado, que interesa a todas las partes, será necesario hablar seriamente del conjunto de problemas que se plantean. El Gobierno y los sindicatos parecen haber iniciado un cambio de actitud en estas cuestiones, recuperando un diálogo hace tiempo perdido. Sería una lástima que una interpretación apresurada de unos datos llevase a desandar todo o parte del camino recorrido.