Los partidos políticos reanudan el consenso sobre cuatro leyes básicas

Los partidos políticos reanudarán en breve la práctica de consenso, tras cuatro meses de tensión, particularmente entre las dos fuerzas más importantes del país, el PSOE y el Partido Popular (PP). Esta práctica, evocadora de la transición, tan sólo se interrumpirá en las vísperas de las elecciones andaluzas. El objetivo de todos los grupos políticos es aprobar por acuerdo cuatro asuntos que, desde la tradición parlamentaria y por razones de estabilidad, exigen la conformidad global.

Se trata de la modificación de la ley electoral, las incompatibilidades y la regulación del tráfico de influencias, el estatuto de RTVE y el reglamento del Congreso. Las ponencias donde se tratarán comenzaron ayer oficialmente sus trabajos en los tres primeros casos, mientras que para el reglamento del Congreso las conversaciones están en el terreno todavía de lo privado, fundamentalmente entre el PSOE y el CDS.La vida legislativa de la Cámara no se interrumpirá toda vez que están en marcha leyes de gran calado, como la del suelo, del medicamento, del deporte, y los presupuestos generales del Estado. No obstante, el interés político estará en la cuestión de confianza a la que se someterá el presidente del Gobierno, Felipe González, el próximo 3 de abril, y en las cuatro modificaciones legales que transformarán el sistema de incompatibilidades, el estatuto de RTVE, la Ley General Electoral y el reglamento del Congreso.

Aunque desde mediados de la pasada legislatura los grupos políticos estaban persuadidos de que había que cambiar el estatuto de RTVE y el reglamento del Congreso, lo cierto es que esas dos materias, además de la ley electoral y las incompatibilidades, han sido fruto de denuncia por parte de la oposición, y ya desde el debate de investidura Felipe González se comprometió a modificar lo que fuera conveniente sobre estos asuntos, en respuesta a las demandas del presidente del CDS, Adolfo Suárez.

La característica común de las cuatro modificaciones es la necesidad de consenso para ellas, como ha sido desde que empezó la transición democrática, con el ánimo de que estas normas no estén sujetas a los cambios de mayorías, sino que sirvan para cualquier gobierno y oposición. De ahí que todos los portavoces proclamen su deseo de acuerdos.

El portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, en un tono mucho más conciliador que en días anteriores, proclamó el deseo de consenso de su grupo para regular las incompatibilidades y la tipificación penal del tráfico de influencias y de información privilegiada.

Rodrigo Rato no quiso introducir demasiado hierro en la crítica a la pretensión socialista de incompatibilizar absolutamente la labor parlamentaria toda vez que su grupo y todos los demás vislumbran un final feliz gracias a la intervención racional de Miquel Roca, portavoz de Convergència i Unió, cuya matización a las incompatibilidades tiene muchos visos de prosperar. Roca se verá apoyado en su deseo de que la comisión del estatuto del diputado tenga la facultad de dilucidar caso por caso las peticiones de compatibilidad con determinadas acciones privadas que soliciten los diputados.

La ponencia que estudiará la modificación del estatuto de RTVE tendrá unos prolegómenos difíciles, que se pondrán de manifiesto el próximo día 28, cuando cada grupo presente una lista de personas a las que solicitarán su opinión sobre cómo debe ser el marco jurídico en el que se mueva la radiotelevisión. Los socialistas probablemente se queden solos, aunque victoriosos en la votación, cuando se opongan a la pretensión del portavoz del Grupo Popular en estos trabajos, Luis Ramallo, a que comparezcan y aporten sus ideas a los legisladores representantes de los tres canales de televisión privada.

Censo electoral

La comisión de investigación del proceso electoral del 29 de octubre se constituyó ayer, y como primeros objetivos -el último será la introducción de algunos cambios en la Ley General Electoral- ha fijado el estudio de las incidencias en la elaboración del censo, la distribución de éste entre los partidos políticos, el recuento gubernativo de los votos en la noche del 29 de octubre y la dotación a la administración electoral "para que cumpla sus funciones en las mejores condiciones". Aquí sí hubo unanimidad en solicitar las comparecencias del director de la Oficina del Censo Electoral y del subsecretario del Ministerio del Interior.

La reforma del reglamento del Congreso todavía no ha entrado en fase parlamentaria, aunque sí en conversaciones de pasillo.