España pierde peso en los órganos de poder de la Comisión Europea

La Comisión Europea ha llevado a cabo una amplia reorganización in terna de altos cargos. En el reparto, España ha perdido peso, porque "el Gobierno ha reaccionado mal y tarde", según afirma un alto funcionario. Nuestro país ha obtenido una dirección general "a título personal" para América Latina, Asia y países mediterráneos, pero a cambio ha sufrido una rebaja en el protagonismo de las relaciones con los países del Este y ha perdido la Dirección Adjunta de Personal, un cargo clave para velar por los equilibrios en el reparto de influencias dentro del aparato burocrático de la Comunidad Europea (CE).

El pasado miércoles, la Comisión Europea nombró director general a título personal para la política Norte-Sur y las relaciones con América Latina, Asia y países mediterráneos, a Juan Prat, un diplomático de 47 años, hasta ahora jefe de gabinete del comisario Abel Matutes. El puesto de Prat asegura una parcela de poder más allá de la permanencia del actual comisario español.El nuevo cargo, según fuentes del Gobierno y de la CE, refuerza "la presencia de España en áreas vitales para sus intereses". Supone también una concentración nacional de fuerzas que marca un precedente en la Comisión Europea, pues al comisario Matutes y al nuevo director general hay que añadir el director para América Latina, Ángel Viñas. Sin embargo, a este último le auguran un nuevo destino para dentro de pocos meses. Desde el punto de vista comunitario, la atención española hacia Latinoamérica entra en contradicción con la escasa presencia y el magro presupuesto (25.000 millones de pesetas al año) que la Comunidad le concede.

Este tanto anotado por España se inscribe dentro de la movida de altos cargos comunitarios gestada tras varios meses de tensiones internas. En la reestructuración Francia ha mejorado aún más sus posiciones, la República Federal de Alemania (RFA) ha reforzado las suyas y el Reino Unido ha obtenido un director general, dejando sin efecto el pacto de que el secretario general, el británico David Williamson, era un puesto que valía por dos.

Nuestro país, en cambio, ha perdido el cargo de director general adjunto de Personal. Su titular, Pedro de Torres, nombrado provisionalmente consejero sin clasificación, prepara las maletas porque se le va a aplicar el artículo 50 de expulsión, por pérdida de confianza política. España contaba con un puesto de privilegio en la evolución de Europa, la Dirección para Europa del Este y la EFTA, en la persona de Pablo Benavides, un diplomático del que su comisario, Frans Andriessen, se deshace en elogios.

Emparedado y disminuido

Pero Francia ha impuesto a un francés, Jean-Louis Cadieux, por encima. A Benavides además se le ha privado de la negociación con los países de la EFTA y quitado de las manos la gestión del dinero de la Operación Faro, de ayuda a Polonia y Hungría. Emparedado y disminuido de poder, Benavides no se siente seguro en el puesto. Por si fuera poco, otros dos altos funcionarios comunitarios españoles, el director general de Transportes, Eduardo Peña, y el director de Política General de la Competencia, Rafael García-Palencia, han recibido avisos por sus prestaciones.

"El puesto de Prat cuesta caro", dicen que dijo el presidente de la Comisión, Jacques Delors, o al menos ésa es la consigna que circula por los pasillos del Berlaymont, la sede de la burocracia de la CE. El comisario responsable de Personal, el portugués António Cardoso, le explicó a De Torres que lo suyo era un problema hispano-español.

El culpable de este desastre es el Gobierno, que se ha olvidado de hacer una política de personal continuada y eficaz, como hacen todos los países grandes de la CE. España tiene dos directores generales con cartera (Fondos Estructurales y Transportes) frente a seis de Francia y cinco de la RFA, el Reino Unido o Italia. Por peso de país le corresponderían entre tres y cuatro. Según un alto funcionario, "a poco que Felipe González hubiera insistido ante Delors, el resultado hubiera sido distinto".

El ejemplo positivo es que la gestión del embajador ante la CE, Carlos Westendorp, ha servido para ascender a director general del Consejo de Ministros de la CE a Francisco Fernández Fábregas. Y el ex ministro Joan Majó, sin entrar en el cupo, fue nombrado en su día consejero especial con sueldo de director.

España ha cometido el error inicial de los británicos, que luego han corregido con creces en aplicación de la máxima de "si no puedes vencer al enemigo, métete dentro". La diferencia es que nuestro país se proclama comprometido con la integración europea, y el Reino Unido juega a la contra. Por encima de la eficacia de las personas, el Gobierno ha olvidado la necesidad de defender el terreno. Peleó la cuota de entrada, pero luego ha dejado a los funcionarios de lado, sin tener en cuenta la importancia de la maquinaria eurocrática.

La encuesta realizada en la Representación Permanente en Bruselas, en la Secretaría de Estado para la CE y entre diversos funcionarios comunitarios muestra la coincidencia en que "si no se está vigilante, los otros Estados te comen la sopa". También se insiste en que otros países trabajan a 10 años vista, miman a sus funcionarios, mientras los españoles, si quieren advertir de algo, casi nunca encuentran interlocutor que les escuche.

El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, preguntado, respondió que "el personal en la CE no depende de mí, se lleva en la Moncloa". El responsable de las fichas y propuestas de aspirantes es Roberto Dorado, secretario del presidente. Dorado se mostró hiperactivo, en conexión con los comisarios Marín y Matutes, para el cupo de 1.000 españoles, a consecuencia del ingreso. Ahora no ha estado al quite. Según fuentes del Gobierno, "cuando se ha intentado intervenir en el asunto era ya demasiado tarde".