La Constitución de EE UU permite a los agentes federales operar en el extranjero

El Tribunal Supremo de EE UU decidió ayer que la Constitución norteamericana no alcanza a los agentes federales (FBI, CIA, DEA y otras instituciones) que realizan registros o se incautan de documentos durante sus investigaciones en países extranjeros. La sentencia, que trataba de ratificar una decisión judicial contra un traficante de droga mexicano, permite de hecho cualquier operación policial norteamericana en el exterior o, cuando menos, no las invalida por falta de órdenes judiciales. La nueva normativa puede ser aplicada en el caso de¡ Gobierno norteamericano contra el general panameño Manuel Antonio Noriega.

La resolución, adoptada por seis votos a tres, convierte en válidas a partir de ahora las pruebas incautadas en Panamá contra Noriega, que es juzgado en el Estado de Florida.El juez William Rehnquist explicó que la cuarta enmienda de la Constitución "se creó para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos contra las acciones arbitrarias de su propio Gobierno, pero no para limitar las acciones del Gobierno contra extranjeros situados fuera de su territorio".

Con su decisión, el Tribunal Supremo ha dado luz verde a las pretensiones del Departamento de Justicia de poder actuar en el extranjero sin permisos judiciales. El pasado mes de octubre trascendió que ese departamento había autorizado al Buró Federal de Investigación (FBI), la policía federal, a detener delincuentes y obtener evidencias en el extranjero. Autorizaba, incluso, que las acciones policiales federales fuera de EE UU se llevaran a cabo sin la aprobación del Gobierno del país donde éstos se encontraran.

La noticia de la puesta en marcha de esa normativa provocó algunas reacciones contrarias. Rafael Vera, secretario de Estado español para la Seguridad, declaró entonces que esta normativa carecía de sentido y que su aplicación en el extranjero no estaba de acuerdo "con las leyes internacionales, ni con las leyes de los distintos países".

Funcionarios del Departamento de Justicia norteamericano explicaron el pasado mes de enero que el juicio contra Noriega sería mucho más fácil para el equipo fiscal, si pudieran utilizar como pruebas legales los miles de documentos que las tropas norteamericanas incautaron en la casa y en el cuartel del procesado. Los abogados de Noriega explicaron que aquellas pruebas no se podían presentar en el juicio porque habían sido obtenidas sin las órdenes judiciales pertinentes.

La decisión del Supremo rechaza de hecho las pretensiones de los abogados de Noriega y refuerza la postura del Gobierno en el caso contra el general, acusado de tráfico de drogas, que se halla encarcelado en Miami (Florida) desde el pasado día 4 de enero.