HB acusa a Pons de hacer depender la voluntad electoral de un formalismo

El recurso de amparo presentado ayer ante el Tribunal Constitucional por los tres diputados de Herri Batasulla (HB) contra la denegación de su condición de diputados invoca la doctrina del alto tribunal sobre la interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales", así como reprocha al presidente del Congreso, Félix Pons, la "desproporción" de hacer perder un cargo electivo por haber acatado la Constitución anteponiendo las palabras "por imperativo legal". Los recurrentes piden que, mientras se resuelve el recurso, se suspenda la decisión impugnada y recobren sus escaños para evitar más perjuicios.

En los 39 folios de que consta el recurso, el letrado Íñigo Iruín, junto a la doctrina del alto tribunal, alega la doctrina de expertos en derecho constitucional como Miguel Ángel Aparicio y Javier Pérez Royo, favorables, como el derecho comparado, a la "flexibilización" de la fórmula de acatamiento y a la ausencia de consecuencias jurídicas en perjuicio de quien la presta, a no ser, en el caso de Austria, que se realice "con reservas o limitaciones". Iruín hace un análisis lingüístico de la expresión por imperativo legal, del que deduce que no implica ninguna condición, limitación o reserva.

Entre los precedentes de jura o promesa válida de la Constitución por parte de parlamentarios que no se atuvieron a fórmulas rígidas, el recurso invoca las dos ocasiones en que Txema Montero utilizó la expresión por imperativo legal; el añadido por parte de Carlos Garaikoetxea de una extensa frase en la q ue dejó constancia de "la reserva de mi propio partido", dijo, "ante el reconocimiento de los derechos del pueblo vasco en la Constitución"; las palabras "prometo acatar la Constitución" pronunciadas por Enrique Barón; la utilización de fórmulas bilingües, y las palabras de Enrique Múgica al tomar posesión ante el Rey de su cargo de ministro de Justicia: "Juro o prometo".