El Estado afirma que las parcelas en litigio de la plaza de Castilla son propiedad municipal

" Dirección General del Patrimonio del Estado ha admitido que las cuatro parcelas de la plaza de Castilla que la asociación de vecinos reclamaba como bienes estatales pertenecen al Ayuntamiento. Dicha asociación no comprende esta decisión, ya que la misma dirección general denegó la cesión al Ayuntamiento de una de las parcelas previstas para las torres de KIO y pidió explicaciones a la de Infraestructura del Transporte por no haber inscrito como estatales las otras tres.

Patrimonio del Estado, según la notificación recibida ayer por la Asociación de Vecinos de Plaza de Castilla, ha cerrado el expediente sobre la situación de las cuatro parcelas "por considerar que los citados terrenos forman parte del dominio público local y, por tanto, de titularidad del Ayuntamiento de Madrid, habiéndolos adquirido éste conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Texto Refundido de la legislación de Régimen Local".La Asociación de Vecinos de plaza de Castilla ha defendido siempre que las cuatro parcelas son propiedad estatal, desde que fueron expropiadas para construir los accesos a la estación de Chamartín, y que no pueden ser cedidas sin antes ofrecerlas en derecho de reversión a sus antiguos propietarios.José María Alvarez del Manzano, primer teniente de alcalde, declaró ayer que hacía algún tiempo que tenía noticias de que el Estado no iba a reclamar la propiedad de las parcelars en su opinión, esta decisión zanja la polémica abierta."De todas formas, hubiera preferido que este asunto lo hubieran zanjado los tribunales para que a nadie le quedara ninguna. duda", dijo. Según Alvarez del Manzano, las, obras podrían comenzar el próximo otoño.

Decisión política

"En nuestra opinión", afirmó ayer Francisco Herrera, portavoz municipal de IU, "es una decisión política de fondo, pues sólo así se entiende que Patrimonio del Estado haya archivado, una alegación que, al menos sobre una de las parcelas, inició él mismo hace unas semanas".Herrera recordó que la Dirección General de Infraestructura del Transporte presentó un recurso contra el acuerdo del Ayuntamiento de 2 de noviembre, por el que se aprobaba el proyecto de compensación de la unidad de actuación de las torres. Transportes recurrió porque en el proyecto se consideraba que todas las parcelas eran propiedad de Urbanor (empresa del grupo kuwaití KIO). En ese recurso, Transportes recordaba que la parcela 1-3, de 1.080 metros cuadrados, era propiedad del Estado, y así lo reconocieron posteriormente, el tercer teniente de alcalde, José Luís Garro, y el portavoz de KIO en este asunto, Alfredo Fraile.

Por otra parte, Patrimonio del Estado envió un escrito a Infraestructura del Transporte, en diciembre de 1989, en el que pedía explicaciones sobre los motivos por lo que las otras tres parcelas, con un total de unos 10.000 metros cuadrados, no habían sido registradas como estatales. Respecto a la parcela de 1.080 metros cuadrados, el Patrimonio del Estado, con fecha 18 de julio de 1989, denegó expresamente el traspaso de propiedad al Ayuntamiento.

"Esta decisión cierra radicalmente el tema desde el punto de vista administrativo y parlamentario", añadió Herrera. "Sólo queda la vía jurídica. Si el Ayuntamiento y la Administración del Estado cierran cualquier posibilidad en el terreno administrativo vamos a ver qué dicen los jueces", concluyó.