Linea continua
LA REELECCIÓN por un nuevo período de tres años del cardenal Suquía como presidente de la Conferencia Episcopal indica el asentamiento de la línea conservadora en la cúpula de la Iglesia católica española. Un conservadurismo que no ha sido obstáculo para el mantenimiento de un clima de normalidad y diálogo entre la jerarquía eclesiástica y el poder político. Ese clima, que permite plantear eventuales discrepancias en términos no dramáticos, constituye a su vez un reflejo de la maduración de la sociedad española tras casi tres lustros de democracia.La Iglesia católica, en efecto, es hoy en España una fuerza social de signo más bien conservador, como lo son otras muchas instituciones y corporaciones privadas influyentes en la plural sociedad española actual, sin que de esa influencia se deriven, como en el pasado, riesgos de desestabilización social o de confrontación traumática. Los pronunciamientos del episcopado son recibidos por la sociedad española entre un conjunto de heterogéneos mensajes. En función de ello, los ciudadanos -incluidos los católicos- los consideran, en general, dignos de ser tenidos en cuenta, pero sin tomarlos por infalibles. Su mayor o menor identificación con esos pronunciamientos dependerá de factores más complejos.
En su discurso ante el pleno de los obispos, Suquía evitó toda crítica directa al Gobierno. Sus referencias a una eventual ampliación legal de los supuestos del aborto y a ciertos aspectos de la reforma de las enseñanzas medias pueden considerarse obligadas. Se dirigen a una clientela específica, respetable en sus convicciones, pero que en manera alguna representa al conjunto de la sociedad. Las referencias al aborto se sitúan en el plano doctrinal, sin que se aprecie, como hace años, una voluntad de interferencia en competencias legislativas que no corresponden a los obispos. Y si todo el problema planteado por la proyectada ley de educación se refiere a la enseñanza de la asignatura de religión en la escuela pública, puede decirse que la discrepancia es más bien mínima.
Esta moderación, reflejada también en la prudencia ante algunas cuestiones políticas de gran actuafidad, parece indicar que el episcopado está globalmente satisfecho con el estado actual de las relaciones Iglesia-Estado, especialmente tras los acuerdos sobre subvenciones a los colegios religiosos y el aplazamiento de hecho del cumplimiento de los compromisos sobre autofinanciación de la Iglesia; pero refleja, sobre todo, la paulatina aceptación por parte de la jerarquía de su papel como una, entre varias, fuerzas sociales con incidencia en la opinión pública.
